HLI

El valor de la vida humana
Farid Jattin
Colaborador de VHI

 

Recientemente leí en un diario local [en Miami] la noticia de un hombre que apuñaló a un perro porque éste le ladraba y saltaba detrás de un cerco. Ese hombre fue acusado de crueldad animal, por lo cual fue arrestado y encarcelado, y posteriormente compareció ante la Corte Criminal.

 

Lo sorprendente del caso no es que este hombre haya sido encarcelado por tal hecho. Lo sorprendente es que en nuestro país (EEUU) no haya leyes que protejan la vida humana en el seno materno, sino por el contrario, las leyes actuales permiten matar a esa criatura indefensa antes de su nacimiento. Lo peor de todo es que ello ocurre con mucha facilidad y con gran frecuencia sin que siquiera nos inquietemos ni nos inmutemos ante el hecho, que ciertamente destruye la vida del niño y de una manera tal, que destroza cada parte de su cuerpecito indefenso.

 

D. Luis Riesgo Ménguez
Psicólogo

 

En 1985 el Congreso Español aprobó el artículo 417 bis del Código Penal mediante la Ley Orgánica 9/1985 que entró en vigor el 5 de Julio de este mismo año, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: “cuando peligra la vida de la madre o su salud mental”, sin límite de tiempo de embarazo, “cuando el embarazo se ha producido por violación” durante las 12  primeras semanas y “cuando el feto (bebé) presenta graves taras físicas o psíquicas” durante las 22 primeras, para evitar la llegada de un disminuido [1].

Alberto Monteiro
Líder provida brasileño
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El gobierno federal y el Partido de los Trabajadores logró engañar a todo el Congreso Nacional y hacer que más de 500 diputados federales y casi 100 senadores, la mayoría de los cuales están en contra de la legalización del aborto, aprobasen una ley, en cuatro ocasiones seguidas y por unanimidad, en un período de tres meses, sin que tuviesen idea de lo que estaban votando. Anteriormente, los parlamentarios más radicalmente contrarios al aborto votaron a favor del proyecto sin que hubiera habido una sola manifestación de protesta.

 

Ahora, para convertirse definitivamente en ley, el proyecto solamente necesita la aprobación de la Presidente Dilma Roussef.

 

El proyecto fue presentado como una propuesta para hacer creer que el Sistema Único de Salud pudiera ofrecer una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.

El proyecto,

 

1)      Obliga a todos los hospitales de Brasil a remitir a cualquier gestante que diga que ha sido víctima de violencia sexual a un “servicio” acreditado de aborto. Esta obligación se aplica también a las entidades que pertenecen a instituciones religiosas o que son contrarias al aborto, aún si no tienen salas de emergencia o departamentos de ginecología.

 

2)      En la práctica, el proyecto extiende la red de “servicios” de abortos llamados “legales”, de los cerca de 100 actualmente, a todos los establecimientos hospitalarios de Brasil.

 

3)      La ley no hará que el aborto sea legal en Brasil de manera automática, pero sí introduce en el sistema brasileño una nueva definición de violencia sexual deliberadamente distinta y mucho más amplia que la de los conceptos actualmente existentes en el Código Penal, en la Ley Maria da Penha y en la doctrina jurídica. Las dos definiciones han pasado a coexistir simultáneamente en el sistema jurídico brasileño. Más adelante, la militancia nacional e internacional a favor del aborto se va a aprovechar de las dudas que surgirán contra la duplicidad de criterios, obligando a que sean dirimidas a través de una nueva jurisprudencia y reglamentación legal, lo cual conducirá a la completa legalización del aborto.

 

La iniciativa de aprobar de manera repentina y con urgencia el proyecto de ley se desencadenó durante la última semana de febrero por parte del Dr. Alexandre Padilha, Ministro de Salud del gobierno de la presidente Dilma Rousseff, bajo el alegato de un homenaje a las mujeres cuyo día internacional sería conmemorado el 8 de marzo. Los principales actores de la tramitación relámpago que se llevó a cabo pertenecen al Partido de los Trabajadores.

 

El Partido de los Trabajadores, en su 3er Congreso Nacional, realizado en agosto y septiembre de 2007, aprobó una resolución que compromete al partido y a todos sus afiliados a defender la despenalización del aborto en Brasil. Se puede encontrar un dossier completo sobre este compromiso del Partido de los Trabajadores con la legalización del aborto en el Brasil en: http://www.votopelavida.com/defesavidabrasil.pdf.

 

Brasil y muchas otras naciones están siendo preparadas para una forma totalmente nueva de dictadura, basada en la implantación de instituciones aparentemente democráticas, pero que, en conjunto con una desinformación sistemática del pueblo para que este las apruebe, dejarán, de hecho, de ser democráticas.

 

Agradezco a todos los provida el inmenso bien que están ayudando a promover. El problema trasciende las fronteras de cualquier país, ya que forma parte de un amplio y bien financiado plan de organizaciones internacionales que promueven el aborto en todo el mundo.

 

Nota de VHI: Para obtener más información sobre este asunto, por favor, comuníquese con Alberto Monteiro: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

 

Este artículo fue publicado en el Boletín Electrónico de Vida Humana Internacional, Vol. 19, No. 14, el 12 de julio de 2013.

Gracias a los enormes esfuerzos educativos del movimiento provida y de la Iglesia Católica de El Salvador, se logró salvar a la joven Beatriz y a su bebé por nacer del abominable crimen del aborto. Cabe destacar, en particular, a la Fundación Sí a la Vida, que está afiliada a VHI en ese país.

 

A pesar de las perversas manipulaciones de los medios seculares de comunicación, portavoces del poderoso movimiento abortista nacional e internacional, prevalecieron el amor y la verdad. “La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador rechazó hoy el recurso de amparo presentado por ‘Beatriz’ (nombre supuesto), fuertemente presionada y manipulada por el lobby abortista en el país, para que se le practicara un mal llamado aborto ‘terapéutico’. ‘Beatriz’ es una mujer de 22 años embarazada de su segundo hijo. Padece lupus y lleva en el vientre a un bebé con anencefalia. Organizaciones promotoras del aborto en el mundo, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, realizaron una fuerte presión sobre la joven y sobre la justicia del país, intentando abrir una puerta a la legalización del aborto en El Salvador” [1].

Presentamos a continuación los fragmentos más importantes de la declaración de una agrupación de prestigiosos abogados salvadoreños respecto del caso Beatriz. Luego de los fragmentos, presentamos las declaraciones de la Sra. Julia Regina de Cardenal, Presidente de la Fundación Sí a la Vida, organización que está afiliada a VHI en el país centroamericano.

 

La legislación salvadoreña permite que se tomen las medidas de emergencia necesarias para salvar la vida de Beatriz sin recurrir al aborto.

 

Nosotros, miembros de la Agrupación de Abogados por los Derechos Humanos, en pleno uso de nuestros derechos constitucionales y sociales hacemos el siguiente pronunciamiento ante el caso de Beatriz, quien ha presentado demanda de amparo ante la CSJ referencia 310-2013, joven madre que se encuentra embarazada de un bebé anencéfalo, que padece de lupus y que se presume se encuentra ante un riesgo inminente de morir:

Luis Fernando Calvo,
Presidente
Asociación “Por la Vida”
Organización que colabora con VHI en Costa Rica

El aborto provocado es un crimen. En días recientes, representantes del movimiento provida montaron una exposición en la Asamblea Legislativa que incluyó más de 60 afiches relacionados con el aborto, así como la exhibición de instrumentos quirúrgicos utilizados para practicarlo y documentales científicos respecto al inicio de la vida y su desarrollo en el vientre materno.

El objetivo: crear conciencia de que el aborto provocado es un crimen con nefastas consecuencias para la mujer y la sociedad en general. Lo anterior se realizó en momentos en que existe en la corriente legislativa el proyecto de ley número 16887, que con un lenguaje ambiguo, de aprobarse, abre portillos para considerar el aborto como un “derecho”.

Joseph Meaney
Director de Coordinación Internacional
Human Life International

 

El aniversario número 40 de la decisión Roe v. Wade del Tribunal Supremo de EEUU trae a colación un número bíblico repleto de importancia simbólica. El salmo 95 lamenta: “Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije: ‘Pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos’”.

 

Los que trabajan en la “viña provida” están plenamente justificados en considerar todos estos años que han transcurrido como un tiempo de vagar por el desierto con, relativamente hablando, pocos resultados tangibles. Pero debemos reconocer el maravilloso hecho de haber logrado el establecimiento de miles de centros de consejería provida, que han salvado tantas vidas del aborto. Sigue siendo cierto, empero, que el progreso hacia el logro de que el aborto sea, no solamente ilegal, sino también impensable, permanece siendo dolorosamente lento.

 

Como se sabe, el “Obamacare” se refiere al plan de “salud” del Presidente de EEUU, Barack Obama, que fue aprobado por el Congreso y avalado por el Tribunal Supremo de ese país. El nombre oficial de este plan nacional de “salud” es “Affordable Care Act” (“Acta de la Atención Costeable de la Salud”, traducción libre). En varias ocasiones anteriores hemos informado sobre los peligros antivida de esta ley. A continuación presentamos un resumen de estos peligros, punto por punto y con la debida documentación en el mismo texto legislativo, que ha sido preparado por la prestigiosa organización provida Life Issues Institute, Inc.:

El 14 de octubre, la Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto de ley que anula las múltiples cláusulas para expandir el aborto subsidiadas por los contribuyentes, que contiene la ley federal de “salud” del Presidente Obama (el llamado “ObamaCare”). El proyecto aprobado se llama Acta de Protección de la Vida (HR 358) [1].

 

El 5 de octubre, la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Kathleen Sebelius, defendió con vehemencia el “ObamaCare” (cuyas siglas en inglés, del título completo de esta ley, son PPACA). La defensa de esta ley antivida, fue parte de un discurso que la funcionaria pronunció ante una reunión para recaudar fondos de la organización abortista nacional, cuyas siglas en inglés son NARAL. Sebelius dijo a sus colegas del movimiento abortista que “estamos en una guerra” con los críticos de esta ley de Obama [1].

Durante 200 años el aborto fue ilegal en EEUU [1]. El American Law Institute (Instituto nacional de los juristas), propuso una "ley modelo" proabortista en 1962, en la cual se basaron las leyes aprobadas en 1967 por la legislatura del Estado de Colorado y después por los Estados de Carolina del Norte y California [2]. Dicha ley permitía el aborto en los llamados "casos difíciles": violación, incesto, amenazas graves a la vida o la salud de la madre o si el niño podría nacer con una grave minusvalía física o mental.

 

Luego, en junio de 1970 Nueva York aprobó la primera ley de aborto a petición hasta las 24 semanas de embarazo, convirtiéndose así en el decimosexto Estado en permitir el aborto. La mayoría de los otros Estados permitían el aborto por razones muy estrictas (las cuales tampoco son moralmente justificables). Luego, en el curso de los siguientes dos años, solamente el Estado de la Florida legalizó el aborto, mientras que los restantes 33 estados debatían el asunto en sus legislaturas. Todos esos Estados votaron contra el aborto por cualquier motivo, excepto para salvar la vida de la madre. (Aquí hay que distinguir el aborto "terapéutico", que nunca está justificado ni médica ni moralmente, del aborto indirecto, el cual es lícito bajo ciertas condiciones, véase nuestro artículo "¿Qué pasa cuando peligra la vida de la madre"?) [3]. En abril de 1972, Nueva York revocó su ley proabortista, pero el gobernador Nelson Rockefeller vetó dicha derogación [4].

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