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Presentamos a continuación los fragmentos más importantes de la declaración de una agrupación de prestigiosos abogados salvadoreños respecto del caso Beatriz. Luego de los fragmentos, presentamos las declaraciones de la Sra. Julia Regina de Cardenal, Presidente de la Fundación Sí a la Vida, organización que está afiliada a VHI en el país centroamericano.

 

La legislación salvadoreña permite que se tomen las medidas de emergencia necesarias para salvar la vida de Beatriz sin recurrir al aborto.

 

Nosotros, miembros de la Agrupación de Abogados por los Derechos Humanos, en pleno uso de nuestros derechos constitucionales y sociales hacemos el siguiente pronunciamiento ante el caso de Beatriz, quien ha presentado demanda de amparo ante la CSJ referencia 310-2013, joven madre que se encuentra embarazada de un bebé anencéfalo, que padece de lupus y que se presume se encuentra ante un riesgo inminente de morir:

Luis Fernando Calvo,
Presidente
Asociación “Por la Vida”
Organización que colabora con VHI en Costa Rica

El aborto provocado es un crimen. En días recientes, representantes del movimiento provida montaron una exposición en la Asamblea Legislativa que incluyó más de 60 afiches relacionados con el aborto, así como la exhibición de instrumentos quirúrgicos utilizados para practicarlo y documentales científicos respecto al inicio de la vida y su desarrollo en el vientre materno.

El objetivo: crear conciencia de que el aborto provocado es un crimen con nefastas consecuencias para la mujer y la sociedad en general. Lo anterior se realizó en momentos en que existe en la corriente legislativa el proyecto de ley número 16887, que con un lenguaje ambiguo, de aprobarse, abre portillos para considerar el aborto como un “derecho”.

Joseph Meaney
Director de Coordinación Internacional
Human Life International

 

El aniversario número 40 de la decisión Roe v. Wade del Tribunal Supremo de EEUU trae a colación un número bíblico repleto de importancia simbólica. El salmo 95 lamenta: “Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije: ‘Pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos’”.

 

Los que trabajan en la “viña provida” están plenamente justificados en considerar todos estos años que han transcurrido como un tiempo de vagar por el desierto con, relativamente hablando, pocos resultados tangibles. Pero debemos reconocer el maravilloso hecho de haber logrado el establecimiento de miles de centros de consejería provida, que han salvado tantas vidas del aborto. Sigue siendo cierto, empero, que el progreso hacia el logro de que el aborto sea, no solamente ilegal, sino también impensable, permanece siendo dolorosamente lento.

 

Como se sabe, el “Obamacare” se refiere al plan de “salud” del Presidente de EEUU, Barack Obama, que fue aprobado por el Congreso y avalado por el Tribunal Supremo de ese país. El nombre oficial de este plan nacional de “salud” es “Affordable Care Act” (“Acta de la Atención Costeable de la Salud”, traducción libre). En varias ocasiones anteriores hemos informado sobre los peligros antivida de esta ley. A continuación presentamos un resumen de estos peligros, punto por punto y con la debida documentación en el mismo texto legislativo, que ha sido preparado por la prestigiosa organización provida Life Issues Institute, Inc.:

El 14 de octubre, la Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto de ley que anula las múltiples cláusulas para expandir el aborto subsidiadas por los contribuyentes, que contiene la ley federal de “salud” del Presidente Obama (el llamado “ObamaCare”). El proyecto aprobado se llama Acta de Protección de la Vida (HR 358) [1].

 

El 5 de octubre, la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Kathleen Sebelius, defendió con vehemencia el “ObamaCare” (cuyas siglas en inglés, del título completo de esta ley, son PPACA). La defensa de esta ley antivida, fue parte de un discurso que la funcionaria pronunció ante una reunión para recaudar fondos de la organización abortista nacional, cuyas siglas en inglés son NARAL. Sebelius dijo a sus colegas del movimiento abortista que “estamos en una guerra” con los críticos de esta ley de Obama [1].

Durante 200 años el aborto fue ilegal en EEUU [1]. El American Law Institute (Instituto nacional de los juristas), propuso una "ley modelo" proabortista en 1962, en la cual se basaron las leyes aprobadas en 1967 por la legislatura del Estado de Colorado y después por los Estados de Carolina del Norte y California [2]. Dicha ley permitía el aborto en los llamados "casos difíciles": violación, incesto, amenazas graves a la vida o la salud de la madre o si el niño podría nacer con una grave minusvalía física o mental.

 

Luego, en junio de 1970 Nueva York aprobó la primera ley de aborto a petición hasta las 24 semanas de embarazo, convirtiéndose así en el decimosexto Estado en permitir el aborto. La mayoría de los otros Estados permitían el aborto por razones muy estrictas (las cuales tampoco son moralmente justificables). Luego, en el curso de los siguientes dos años, solamente el Estado de la Florida legalizó el aborto, mientras que los restantes 33 estados debatían el asunto en sus legislaturas. Todos esos Estados votaron contra el aborto por cualquier motivo, excepto para salvar la vida de la madre. (Aquí hay que distinguir el aborto "terapéutico", que nunca está justificado ni médica ni moralmente, del aborto indirecto, el cual es lícito bajo ciertas condiciones, véase nuestro artículo "¿Qué pasa cuando peligra la vida de la madre"?) [3]. En abril de 1972, Nueva York revocó su ley proabortista, pero el gobernador Nelson Rockefeller vetó dicha derogación [4].

La Conferencia de Obispos Católicos de EEUU está pidiendo apoyo para el proyecto de ley HR 3 [1]. La propuesta legislativa, que ha surgido en la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, busca prohibir el financiamiento del aborto por parte de los contribuyentes, dentro y fuera del país [2].

 

Desde 1976, existe una ley, titulada “Enmienda Hyde”, que prohíbe dicho financiamiento. Sin embargo, y como explicó ante el Congreso el Dr. en Derecho Richard Doerflinger, representante de los Obispos, esa ley es sólo un anexo al proyecto de subsidios del gobierno federal, que financia el Departamento de Salud y Servicios Humanos y otros programas, y que tiene que ser renovado cada año. Además, añadió el letrado, la Enmienda Hyde ha encontrado numerosos “agujeros legales”, que han aprovechado los legisladores abortistas, para lograr financiar los abortos de mujeres de bajos recursos con el dinero de los contribuyentes [1].

Kathleen Gilbert

 

WASHINGTON, DC, 11 de diciembre 2010 (Notifam.net) – En EEUU, cada día se trasladan cuidadosamente innumerables paquetes para ser utilizados por parte del gobierno, universidades, laboratorios farmacéuticos y otros laboratorios de biotecnología. El contenido de algunos de esos paquetes termina impulsando el desarrollo de productos, como cosméticos y suplementos alimenticios, el contenido de otros es utilizado directamente como una forma de terapia.

 

El material transportado en estos paquetes son partes del cuerpo humano – ojos, oídos, extremidades, cerebro, piel -, que ahora son un artículo de consumo indispensable para muchos investigadores y científicos de EEUU, y una exportación lucrativa de las clínicas de aborto de EEUU.

 

Lic. Marlene Gillette Ibern
Abogada y colaboradora de VHI

 

Como se sabe, los Juicios de Nuremberg consistieron en una serie de tribunales militares a quienes se le dio jurisdicción, para atender los casos sometidos por los países que formaban parte de las fuerzas aliadas en contra de los miembros del gobierno nazi de Alemania, una vez concluida la II Guerra Mundial. El juicio de Nuremberg se llevó a cabo desde 1945 hasta 1949 [1].

 

Uno de los casos que formó parte de los Juicios de Nuremberg fue United States of America v Ulrich Greifelt et al, que también llevaba por nombre El caso RuSHA. (The RuSHA Trial). En este caso, los demandados fueron acusados de implementar el programa RuSHA a favor de la pureza de la raza. Bajo este programa se realizaron, entre otras atrocidades, los abortos forzados de las mujeres a quienes no se les consideraba ser de la raza aria [2]. Es importante tomar nota de que el pliego acusatorio contra los demandados declaraba lo siguiente: “Se les acusa de alentar y forzar a las mujeres a abortar” [3].

 

Se ha explicado con mayor detalle el significado del pliego acusatorio. El pliego acusatorio en el caso RuSHA enumera el acto de “alentar” al igual que el acto de “forzar” a las mujeres a practicarse un aborto. Esto es importante, dado que la defensa principal del acusado sería que los abortos eran voluntarios, y no forzados, dando a entender que no se cometió un delito. Pero con la inclusión de la palabra “alentar” se está diciendo que no importaba que los abortos hayan sido voluntarios o no.

La organización abortista International Women’s Health Coalition – IWHC – (“Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres”, traducción libre), le otorgó financiamiento en 1999 a su organización asociada, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), para luchar por la legalización de la matanza de niñas y niños por nacer en ese país [1]. Lamentablemente, esa ayuda económica ha tenido el resultado criminal deseado. El pasado 22 de octubre (2012), el Presidente José Mujica firmó el proyecto de ley abortista aprobado la semana pasada por el Senado de Uruguay [2].

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