VOL. 18, NO. 3, 2 DE MARZO DEL 2012

Dr. Luis Raez

Considerado uno de los veinte mejores oncólogos del mundo, el Dr. Luis E. Raez es American Board Certified en: Medicina Interna, Hematología Clínica, Oncología Médica y Medicina Geriátrica. Trabaja como Director del Grupo de Oncología Toráxica del “Memorial Health Care System” en el Estado de la Florida, EEUU y como Profesor Asociado de Medicina en el “Herbert Whertheim College of Medicine” de la “Florida International University (FIU)”. También es Profesor Visitante de Medicina en la Universidad Cayetano Heredia en Perú. El Dr. Raez se dedica a la investigación y tratamiento del cáncer de pulmón y tiene un interés muy grande en los temas de Ética Médica y Moral. El Dr. Raez tiene más de 70 publicaciones en libros y revistas médicas en inglés, español y portugués; y más de 90 presentaciones a nivel nacional e internacional.

El mandato de Kathleen Sebelius, Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de EEUU (HHS, por sus siglas en inglés), de obligar a todas las instituciones, incluyendo las religiosas, a proporcionar y facilitar servicios de contracepción y esterilización a sus empleados es una flagrante violación a los derechos de libertad religiosa que existen en EEUU desde su fundación. El impacto de esta medida es tal, que es una de las pocas veces que incluso los católicos más liberales y partidarios del Presidente Obama y de su controversial “Ley de Salud”, se han unido a la Iglesia Católica para repudiar esta medida tan absurda.

Esta norma del HHS no debería sorprendernos; desde que Obama estaba en campaña electoral le prometió a Paternidad Planificada (Planned Parenthood), la organización más abortista de EEUU, que la legislación a favor de los “derechos reproductivos” (contracepción y aborto), era parte primordial de su agenda y reforma de “salud”. Cuando Obama era Senador del Estado de Illinois, votó en cuatro ocasiones en contra de una proyecto de ley de darle auxilio médico a un niño abortado si sobrevivía el aborto. Entre otros “méritos” abortistas que el Presidente Obama tiene es que cuenta con una calificación del 100% del grupo abortista NARAL Pro Choice, que es uno de los más grandes en EEUU. Incluso nombró (con intenciones de promover su agenda) como secretaria del HHS a la señora Kathleen Sebelius, que es bautizada católica, pero que no tiene ningún escrúpulo en promover normas que les faltan el respeto a la vida humana y a la libertad religiosa en este país.

¿Qué pasó con los votantes católicos? ¿Cómo pudieron ignorar estos hechos y otros más durante las elecciones presidenciales? Bueno, lo que pasó es que los votantes católicos preocupados por los problemas económicos, la guerra y los problemas de inmigración, entre otras cosas, no valoraron la defensa de la vida como argumento primordial en las elecciones, como tantas veces nos enseñó cuando estaba vivo nuestro querido Papa Juan Pablo II. Recuerdo que él, más de una vez, fue muy explícito en decir que a la hora de votar por un gobernante, si bien es cierto que hay muchos argumentos y criterios importantes para escoger y valorar, “ninguno es más importante que la promoción y la defensa de la vida humana”. Ello ciertamente no se está dando con este presidente, quien desde que asumió el poder se ha dedicado a expandir el aborto y la contracepción en EEUU y en el resto del mundo. Esta medida del HHS es solamente una parte importante de su más amplio plan abortista.

¿Por qué este mandato del HHS está mal y es una atropello a nuestra libertad religiosa? Porque el mandato no exonera a las agencias católicas que asisten a los pobres ni a los colegios, universidades u hospitales católicos de esta norma obligatoria de dar contraceptivos a todos, negándoles así la libertad de conciencia y de religión de poder decidir las mejores políticas para sus trabajadores y sus instituciones. Esta norma obliga a todas estas instituciones y a otras a hacer algo que es gravemente inmoral: a ser los promotores y a subsidiar políticas contraceptivas (incluyendo píldoras abortivas y esterilizaciones), que atentan contra la dignidad fundamental de la persona humana que la Iglesia y todas sus instituciones y trabajadores defienden. Esto es tan grave, que incluso otros grupos religiosos protestantes, que a veces están en favor de la contracepción, ven en esta norma un precedente terrible que va en contra de la libertad religiosa y bajo ese principio esas comunidades cristianas también se oponen a esta norma.

Sin embargo, para confundir más, el gobierno de Obama tiene varias falacias o slogan falsos como para intentar justificar su mando contraceptivo y abortista. Uno de ellos es el siguiente: “Las Iglesias están exoneradas de este requisito de ofrecer contracepción”. Ello es falso porque, para poder exonerarse, las instituciones de la Iglesia Católica tienen que probar que sirven a personas y tienen empleados solamente de su propia fe, cosa que es totalmente ridícula. ¿Acaso la Iglesia Católica sólo sirve a sus feligreses? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas las obras de caridad que realiza a favor de los pobres de cualquier fe? ¿Qué pasa con los hospitales y los colegios católicos que sirven no solamente a comunidades católicas, sino también a otras de otros credos? Si la Iglesia Católica se dedicara solamente a contratar católicos o a servir a católicos, estaríamos negando nuestro mismo nombre, pues “católica” significa “universal”.

Otra falacia de Obama es la siguiente: “No se va a obligar a los médicos católicos que no quieran recetar contraceptivos y  abortifacientes”. Ello también es falso. Si en el sistema de salud se aprueba como un servicio habitual el uso de contraceptivos, surgirá el peligro de que los médicos que no den esos “servicios” terminen siendo excluidos de los planes de salud, ya que no prestan todos los “servicios fundamentales” o “requeridos por la ley” y los contraceptivos estarían en la lista de servicios “preventivos” de salud. Es común que las compañías de seguros en EEUU establezcan contratos con diversos grupos de médicos y que escojan los grupos con diversos criterios. Aquí se les da una excusa para no establecer contratos con médicos católicos.

Otra falacia más de Obama es la siguiente: “La mujer que no quiere contraceptivos no va ser obligada a usarlos”. Por supuesto que no va a ser obligada, eso es cierto. Pero ése no es el punto. La mujer que no quiera usar contraceptivos ¡estará pagando en su póliza de seguros una cantidad que cubre el uso de contraceptivos a pesar de que nunca los va usar! ¿Por qué tendría que pagar ella en forma obligatoria si no quiere este mal llamado servicio?

Otra gran falsedad de Obama es decir que “esta norma no cubre fármacos abortivos como la RU-486 (Mifeprex o Mifepristone)”. Es cierto, no cubre esa píldora por ahora. Pero hay una propuesta de ley de considerar a la RU-486 como un “contraceptivo de emergencia”. De aprobarse esa propuesta, la RU-486 sería automáticamente agregada a la nueva norma del HHS. Además, la RU-486 no es la única píldora controversial, por ejemplo, la Ulipristal (HRP 2000 o “Ella”) es un análogo de la RU-486 y sí estaría incluida dentro del mandato del HHS desde el inicio.

La administración de Obama realmente no tiene respeto por los constituyentes cuando nos dice otra falsedad como: “La mitad de los estadounidenses que vive en 28 estados ya está bajo leyes donde existe la obligación de que los empleadores den contraceptivos a sus empleados como parte de sus planes de salud”. Esta es otra falacia ridícula. Los 28 estados tienen legislaciones que piden que se den contraceptivos, pero en el respeto a la libertad religiosa de los empleados y sus empleadores. Estas legislaciones dan muchas opciones para que los empleados que quieran usar contraceptivos tengan otras maneras de obtenerlos, como, por ejemplo, asegurarse individualmente en cuanto a la cobertura de medicinas. Además, hay estados, como Carolina del Norte, que excluyen de estas leyes la posibilidad del uso de abortifacientes como la RU-486 o los “anticonceptivos de emergencia” como Preven.

Otra falsedad es la siguiente. Según Obama, como el 98% de las mujeres con “experiencia sexual” usan contraceptivos de todas maneras, entonces deberíamos facilitarles el uso de contraceptivos. Este es otro argumento que ofende la racionalidad y la inteligencia de las personas. ¿Quiénes son las mujeres con “experiencia sexual”? Ciertamente no son los hombres, de esa manera se excluye al 50% de la población que tiene que pagar seguro para facilitar estos contraceptivos. Ciertamente tampoco son las mujeres mayores que no pueden tener hijos, ni las niñas que aún no pueden concebir, ni las mujeres jóvenes que quieren tener hijos, ni las fumadoras u otras mujeres para quienes los contraceptivos están contraindicados. Entonces, ¿por qué todos estos grupos que son la mayoría de la población tendrían que pagar una póliza de seguro más cara, para cubrir los contraceptivos de las mujeres con “experiencia sexual” que son una minoría? Reitero, todo tipo de contracepción o esterilización es un acto intrínsicamente grave, que ofende a Dios y a nosotros mismos, pero aquí estoy argumentando solamente con la lógica y los argumentos humanos.

Por otro lado, el gobierno de Obama argumenta, y aquí viene otra falacia, que si pagamos un poco más de dinero con las nuevas pólizas que cubrirán los anticonceptivos, reduciríamos el número de embarazos no deseados, lo cual disminuiría los costos del sistema de salud. Esta es otra ridiculez, que el gobierno por lo menos muestre un solo estudio donde se prueba que esta medida es efectiva para ese propósito. [Nota de VHI: Precisamente en el próximo artículo se demuestra esta acertada aseveración del Dr. Raez.] Además, hay un riesgo aquí de tratar el embarazo como una enfermedad que debe ser prevenida a toda costa. La administración de Obama ya ha presentado antes proyectos en este sentido. ¿Es que el Presidente Obama no ve lo que pasa en Europa? Las sociedades envejecen por falta de niños y tienen muchos problemas gigantescos con la falta de trabajadores jóvenes para sostener a la sociedad.

El gobierno de Obama también ha emitido varias declaraciones como: “La administración de Obama está comprometida con el respeto a las convicciones religiosas y con la colaboración con las organizaciones religiosas.” Ello también es falso, porque desde que se empezó a hablar de la norma en agosto de 2011, muchas organizaciones religiosas, como la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, la Asociación de Servicios Católicos y las organizaciones ortodoxas y protestantes se han declarado en contra de la misma y, sin embargo, el gobierno de Obama no se ha echado atrás.

La respuesta de la Iglesia Católica ha sido firme desde un comienzo. El Arzobispo de Nueva York, Cardenal de la Iglesia y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, Timothy Dolan, criticó fuertemente la decisión de la administración de Obama de ordenar prácticamente que cada empleador y agencia de seguros en este país tenga la obligación de proporcionar contraceptivos como parte de sus servicios de salud. (La declaración del Arzobispo se puede ver en video en http://bcove.me/ob5itz9v.)

Recientemente, el 23 de febrero de 2012, siete estados: Nebraska, Carolina del Sur, Michigan, Texas, Florida, Ohio y Oklahoma, junto con la agencia de servicios “Catholic Social Services”, la escuela “Nebraska's Pius X Catholic High School”, y la organización aseguradora: “Catholic Mutual Relief Society of America” (que asegura a 250 grupos católicos y más de la mitad de las diócesis de EEUU), han entablado un juicio contra el gobierno federal de Obama. Los fiscales estatales de los siete estados mencionados están preocupados de que esta norma provoque que muchos grupos sociales católicos dejen de asegurar individuos que se cambiarán para el plan estatal de salud para gente más pobre, el Medicaid, aumentando así los gastos de esta institución que es mantenida por cada estado y por el gobierno federal con el dinero de los contribuyentes.

Nunca antes un gobierno federal había obligado a ningún individuo u organización a entrar en un mercado y comprar un producto que viola su conciencia y su moral. Esto no debería pasar en la tierra en que se respeta el ejercicio libre de la religión y que tiene una “Carta de Derechos” ( “Bill of Rights”) (la base de la Constitución de EEUU). Más de 150 Obispos en EEUU ya se han pronunciado en contra de esta norma. Debemos salir adelante y protestar en todos los foros posibles contra este tipo de atropello; esa es la única manera de que nuestros derechos van a ser respetados. También debemos orar para que el Presidente Obama se convierta de corazón y cambie su agenda de gobierno liberal y antivida por una en la que se promueva la dignidad y se respete la vida de la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural.

 

Continuamos con el artículo de Arnald K. Nichols, director de HLI America (HLI EEUU) sobre este tema. Véase (en inglés): www.hli.america.org. La parte I está en: http://www.vidahumana.org/publicaciones-hli-vhi/boletines/item/1700-el-falso-estudio-cient%C3%ADfico-que-sirvi%C3%B3-de-base-al-mandato-de-obama-i.

 

Esta falta de objetividad fue confirmada por el Dr. Anthony Lo Sasso, el único miembro del comité que disintió del informe del IOM [siglas en inglés del “Instituto de Medicina”, cuyo comité emitió el “estudio”]. En una entrevista reciente, el Dr. Lo Sasso confirmó que “los estándares de evidencia que fueron usados por el comité” no llegaron a cumplir con todos los requisitos de un análisis verdaderamente amplio y objetivo de los datos, lo cual “hizo que el comité arrojara las conclusiones que quiso”. En su disenso, Lo Sasso expresó:

 

“El proceso que empleó el comité para evaluar la evidencia careció de transparencia y fue objeto en gran medida de las preferencias de la composición de dicho comité. Es preocupante el hecho de que el proceso tuvo la tendencia de dar como resultado una mezcla de determinaciones objetivas y subjetivas, filtradas a través de unos lentes ideológicamente empañados. Un principio permanente de la evaluación de una evidencia y, en consecuencia, de las recomendaciones presentadas deben ser la transparencia y una estricta objetividad. Sin embargo, el comité fracasó en cuanto a demostrar estos principios en su informe”.

 

Esta crítica, que proviene de un miembro del propio comité, daña la imagen de credibilidad del comité del IOM, y confirma la arrogante manera con la que el grupo asesor de Sebelius [la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos – HHS por sus siglas en inglés], utilizó su posición para promover una ideología.

 

Sin embargo, aún sin la información que el Dr. Lo Sasso proporcionó, el informe mismo manifiesta las parcialidades de sus autores. Para apoyar la afirmación del informe de que “un mayor uso de la anticoncepción, por parte de la población, da como resultado tasas más bajas de embarazos no deseados y de abortos en la nación”, se citaron solamente dos fuentes, una de las cuales fue un informe que no fue revisado por colegas científicos y que promovía el aborto y la anticoncepción. Esta espuria fuente fue publicada por el Instituto Alan Guttmacher (AGI, por sus siglas en inglés), que ha sido la rama investigativa de Paternidad Planificada [Planned Parenthood, la organización más abortista de EEUU]. El AGI también es un firme defensor del aborto y la anticoncepción.

 

Una de las razones de esta escasez de evidencia es simple: hay numerosos estudios que muestran que un mayor acceso a la anticoncepción oral y a la anticoncepción “de emergencia”, de hecho, no reduce el  número de embarazos no intencionados ni del aborto. Esos estudios fueron realizados por especialistas de la talla de Peter Arcidiacono, de la Universidad de Duke (en EEUU), y por Chelsea Polis, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y han sido publicados en revistas científicas, incluyendo Journal of Health Economics, Obstetrics and Gynecology y Journal of the American Medical Association.

 

Una inspección de este tipo revela que las conclusiones están muy lejos de ser unánimes en cuanto al efecto de los anticonceptivos en las tasas de embarazos no intencionados y de abortos. Sin embargo, el informe del IOM no refleja esta incertidumbre ni tampoco el peso de la evidencia que sugiere que el acceso a la anticoncepción oral tiene muy poco efecto en la población. Por otro lado, sin embargo, los datos son homogéneos en cuanto a indicar unas conclusiones diametralmente contrarias a las que arrojó el “estudio” del comité del IOM en cuanto al uso de la “anticoncepción de emergencia” (AI). Los estudios revelan que si bien hay muchas “opiniones profesionales y editoriales” de que la AI debe estar fácilmente disponible, y “proyecciones profesionales” de que ésta podría reducir el número de embarazos no intencionados, no he podido encontrar ni un solo estudio de grupos realmente profesionales que indique que de hecho es eficaz en reducir dicho número ni tampoco el de los abortos.

 

Todo ello parece demostrar la veracidad de la aseveración del Dr. Lo Sasso acerca de la falta de transparencia en la metodología del informe, y que los datos “filtrados a través de unos lentes ideológicamente empañados” permitieron que “el comité arrojara las conclusiones que quiso”. Esa investigación selectiva no es digna de un autor de políticas públicas ni de un representante de una nación.

 

La Recomendación 5.5 del informe que el comité le entregó al HHS dice: “Las mujeres tendrán acceso a todos los métodos anticonceptivos que han sido aprobados por la Agencia para los Alimentos y los Fármacos [FDA, por sus siglas en inglés]”. Esta es la única recomendación acerca de “servicios preventivos” en el informe que tiene que ver con el suministro de fármacos y cirugías. Uno esperaría que surgiesen un montón de otras consideraciones en torno a la misma: especialmente las preocupaciones acerca de los riesgos para la salud vinculados a esos fármacos y cirugías. Sin embargo, en el informe se le presta muy poca atención a ello. Solamente lo hace en un párrafo de un total de 210 páginas de que consta el mismo. Y lo hace para desestimar la tasa más elevada de mujeres que fuman y usan la anticoncepción oral, a pesar del hecho de que una de cada cinco mujeres estadounidenses tiene este riesgo. En vez de ello, el informe dice que “en general se considera que los efectos colaterales son mínimos”. Esa declaración tan generalizada exige basarse en un argumento detallado y en fuentes autorizadas. En vez de ello, en ese punto, la escasa investigación se convierte en algo poco convincente. La evidencia que apoya esta aseveración del informe consiste solamente de tres “folletos educativos” del Colegio de Obstetras y Ginecólogos de EEUU (ACOG, por sus siglas en inglés) y de otro estudio.

 

Esta manera tan poco profesional de documentar un “estudio” debería alarmar al observador atento a ambos lados del debate en torno a los anticonceptivos. Al público se le aseguró repetidas veces que el informe fue una “revisión exhaustiva de la evidencia científica”. Sin embargo, uno de los puntos capitales del argumento del comité – y uno que directamente impacta la salud de millones de mujeres estadounidenses – se sustenta en folletos educativos. Llama la atención que los folletos mismos declaran que “la lectura promedio de la serie… está al nivel del 6to al 8vo grados”. Estos folletos de promoción no citan ni un solo estudio. El informe también enfatiza mucho un estudio en curso que no ha sido publicado y respecto del cual el comité tiene la esperanza de que muestre que los anticonceptivos orales puedan ser una prevención primaria para el cáncer de los ovarios. El uso selectivo de hallazgos potencialmente acordes que presuntamente se encuentran en estudios en curso es un claro signo de una parcialidad subjetiva.

 

Continuará.

Fuente: Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, http://www.thepublicdiscourse.com; http://www.thepublicdiscourse.com/2011/09/4031?printerfriendly=true, 28 de septiembre, 2011.

Joseph Meaney

Director de Coordinación Internacional

Human Life International

 

Los que proponen la medicina socializada en EEUU a menudo señalan a Europa como el continente que tiene el “sistema ideal” y uno en el que las instituciones de la Iglesia y los gobiernos han sido capaces de colaborar en cuanto a proporcionar una atención de la salud de elevada calidad para todos. Pero una mirada detrás de los bastidores nos revela una historia muy diferente. Esa aparente “gran colaboración” a menudo se traduce en el abandono, por parte de las instituciones católicas, de la doctrina moral de la Iglesia y en la adopción, sin resistencia alguna, de prácticas antivida que la ley exige.

 

El 75% de los belgas son católicos bautizados, pero es un secreto a voces que durante décadas la doctrina moral católica y la vida sacramental no son tomadas en serio por la inmensa mayoría de los belgas. Al igual que en otros países, esta tendencia ganó fuerza luego del rechazo público a la Encíclica Humanae vitae, publicada en 1968, que reafirmó la doctrina católica en contra de la anticoncepción.

 

Pocas naciones han llegado tan lejos en el rechazo de su herencia católica como Bélgica. Ejemplo de ello fue la legalización de la eutanasia en ese país en el 2002. La oposición a este crimen fue liderada por un número de grupos e individuos católicos cuyo principal argumento fue que el cuidado paliativo, y en particular el control científico del dolor, era la alternativa moral a las inyecciones letales a los pacientes sufrientes. De hecho, el mismo día en que fue aprobada una ley a favor del cuidado paliativo, también fue aprobada la eutanasia. También es importante observar que la ley que permite este crimen proporciona una cláusula favorable al derecho a la objeción de conciencia, para que nadie se vea obligado a actuar en contra de su conciencia matando a los pacientes [1].

 

En el 2006, fue publicado un artículo titulado “Frecuencia y contenido de políticas de ética acerca de la eutanasia en instituciones de salud católicas en Bélgica (Flandes)”. En ese artículo encontramos que los católicos fueron instrumentales en la aprobación de la mencionada ley [2]. (Flandes es una región de Bélgica de habla holandesa.) El principal autor del artículo está afiliado al Centro para la Ética Biomédica y el Derecho de la Universidad Católica de Lovaina.

 

Más aún, el comité de ética de Caritas Flandes, una institución caritativa que está oficialmente bajo los obispos católicos, proporcionó una aprobación por escrito a este estudio-encuesta de prácticas a favor de la eutanasia en instituciones católicas de salud [3].

 

Las respuestas por parte de estas instituciones católicas belgas que aparecen en el estudio-encuesta eran muy significativas. Según los autores del mismo, solo un hospital católico y seis hogares católicos para ancianos informaron tener políticas que prohibían completamente la eutanasia [4]. Estas siete instituciones constituyen solamente el 3% de todos los hospitales y el 13% de todos los hogares para ancianos, respectivamente.

 

El estudio-encuesta que se llevó a cabo a los directores generales de estas instalaciones oficialmente católicas informó que el 7% de los hospitales y el 13% de los hogares para ancianos se negaron a permitir la matanza de “pacientes moribundos pero mentalmente capaces”, ya que el hacerlo iría en contra de los “valores cristianos de la institución” [5]. Ello significa que el 93% de estos hospitales permitían la eutanasia de pacientes moribundos pero mentalmente capaces y lo mismo hacía el 87% de los hogares para ancianos de Flandes. Por supuesto, la eutanasia está mal en todos los casos, pero es significativo, que en estas instituciones católicas se matara a gente enferma pero con pleno dominio de sus facultades mentales.

 

Para que nadie llegue a pensar que estos hallazgos no reflejan la situación general, este estudio-encuesta fue uno de los principales realizados en todas las 298 instituciones católicas de la salud que representan el 56% y el 33%, respectivamente, de todos los hospitales y hogares para ancianos en Flandes. Además, la tasa de respuestas al cuestionario fue muy elevada, 81% en el caso de los hospitales y 62% en el caso de los hogares para ancianos [6].

 

Las instituciones católicas de salud de las regiones de habla holandesa de Bélgica han adoptado, en general, la actitud de que el cuidado paliativo debe ser promovido activamente para reducir el número de peticiones de eutanasia, pero al mismo tiempo que esta proposición del cuidado paliativo no debe ser “usada como una barrera impenetrable para la práctica de la eutanasia” [7]. Es cierto que estas instituciones están mucho menos dispuestas a matar por medio de la eutanasia a pacientes moribundos que han perdido sus facultades mentales y a pacientes no moribundos, sin embargo, sus políticas de ética en general permiten la eutanasia aún en estos pacientes en “situaciones excepcionales” [8].

 

El artículo en cuestión resume correctamente la situación de Bélgica: “Las declaraciones del Magisterio de la Iglesia Católica sobre la eutanasia, en general, ya no son aceptadas en las instituciones católicas de salud, como el fundamento legítimo para la formulación de sus propias políticas de ética” [9]. Los autores hasta llegan a proporcionar una referencia al pie de página a la Declaración sobre la eutanasia de 1980 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para enfatizar que en Bélgica se conoce la clara postura de la Iglesia Católica contra la eutanasia pero que la misma es rechazada.

 

El que la mayoría, si no todas, de estas instituciones se llamen “católicas” constituye una falsa publicidad. De hecho, los “valores cristianos” que aceptan la mayoría de estos hospitales y hogares para ancianos se basan en y están en conformidad con algo muy distinto al Magisterio de la Iglesia. Se les debería exigir que elijan entre llamarse católicos y practicar la eutanasia y, probablemente, un montón de otras prácticas moralmente ofensivas. El hecho de que todavía no se les ha pedido que lo hagan parece indicar que la etiqueta de “católico” puede ser interpretada de tal manera que sirve para apoyar posturas y prácticas moralmente contradictorias. No se debe permitir que continúe esta situación.

 

¿Podría ocurrir algo parecido en instituciones católicas en EEUU u otros países, como los del mundo hispano, si en ellos se claudica ante normas proaborto como la recientemente emitida por el gobierno de Barack Obama?

 

Notas:

[1]. El 93% de los hospitales católicos de Flandes respetaba la objeción de conciencia, pero el 88% de ellos estipulaba que el objetor remitiera el paciente a otro médico dentro de la institución católica, en vez de otra institución. Ibíd., 175.

[2]. Gastmans C. et al. “Prevalence and content f written ethics policies on euthanasia in Catholic healthcare institutions in Belgium ( Flanders )”. Health Policy 76 (2006), 169-178.

[3]. Ibíd., 172.

[4]. Ibíd., 173.

[5]. Ibíd., 173.

[6]. Ibíd., 169.

[7]. Ibíd., 176.

[8]. Ibíd., 174.

[9]. Ibíd., 176.

El Presidente de HLI, el Padre Shenan J. Boquet, emitió la siguiente declaración hoy en respuesta al rechazo del Senado a la enmienda propuesta por el Senador Roy Blunt, de eximir a los empleadores que tienen objeciones morales a la norma anticoncepcionista y abortista de Obama:

 

“Lo que vimos en el Senado hoy fue un rechazo de la Primera Enmienda [de la Constitución de EEUU, que garantiza la libertad religiosa], por parte de 51 políticos que juraron proteger y defender la Constitución de EEUU. Con su voto, estos senadores han enviado un mensaje de rechazo a la libertad religiosa del pueblo estadounidense.

 

“Igualmente de problemático es el hecho de que estos senadores han votado a favor de atacar la vida humana. No podemos olvidar que la infame norma del Presidente Obama, promulgada a través de su ley de ‘salud’, proporcionará financiamiento ‘gratuito’ para la obtención de fármacos potencialmente abortivos, como el ‘anticonceptivo de emergencia’ llamado ‘Ella’.

 

“Nunca se nos debe pedir, y mucho menos obligar, a comprometer nuestra fe, ni tampoco obligar a financiar la destrucción de seres humanos inocentes. Human Life International seguirá en pie con santo orgullo junto a otras organizaciones y personas de conciencia en resistencia ante la injusta norma del Presidente Obama”.