Lunes, 05 de Marzo de 2012 11:13

EL FALSO ESTUDIO CIENTÍFICO QUE SIRVIÓ DE BASE AL MANDATO DE OBAMA (II).

Continuamos con el artículo de Arnald K. Nichols, director de HLI America (HLI EEUU) sobre este tema. Véase (en inglés): www.hli.america.org. La parte I está en: http://www.vidahumana.org/publicaciones-hli-vhi/boletines/item/1700-el-falso-estudio-cient%C3%ADfico-que-sirvi%C3%B3-de-base-al-mandato-de-obama-i.

 

Esta falta de objetividad fue confirmada por el Dr. Anthony Lo Sasso, el único miembro del comité que disintió del informe del IOM [siglas en inglés del “Instituto de Medicina”, cuyo comité emitió el “estudio”]. En una entrevista reciente, el Dr. Lo Sasso confirmó que “los estándares de evidencia que fueron usados por el comité” no llegaron a cumplir con todos los requisitos de un análisis verdaderamente amplio y objetivo de los datos, lo cual “hizo que el comité arrojara las conclusiones que quiso”. En su disenso, Lo Sasso expresó:

 

“El proceso que empleó el comité para evaluar la evidencia careció de transparencia y fue objeto en gran medida de las preferencias de la composición de dicho comité. Es preocupante el hecho de que el proceso tuvo la tendencia de dar como resultado una mezcla de determinaciones objetivas y subjetivas, filtradas a través de unos lentes ideológicamente empañados. Un principio permanente de la evaluación de una evidencia y, en consecuencia, de las recomendaciones presentadas deben ser la transparencia y una estricta objetividad. Sin embargo, el comité fracasó en cuanto a demostrar estos principios en su informe”.

 

Esta crítica, que proviene de un miembro del propio comité, daña la imagen de credibilidad del comité del IOM, y confirma la arrogante manera con la que el grupo asesor de Sebelius [la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos – HHS por sus siglas en inglés], utilizó su posición para promover una ideología.

 

Sin embargo, aún sin la información que el Dr. Lo Sasso proporcionó, el informe mismo manifiesta las parcialidades de sus autores. Para apoyar la afirmación del informe de que “un mayor uso de la anticoncepción, por parte de la población, da como resultado tasas más bajas de embarazos no deseados y de abortos en la nación”, se citaron solamente dos fuentes, una de las cuales fue un informe que no fue revisado por colegas científicos y que promovía el aborto y la anticoncepción. Esta espuria fuente fue publicada por el Instituto Alan Guttmacher (AGI, por sus siglas en inglés), que ha sido la rama investigativa de Paternidad Planificada [Planned Parenthood, la organización más abortista de EEUU]. El AGI también es un firme defensor del aborto y la anticoncepción.

 

Una de las razones de esta escasez de evidencia es simple: hay numerosos estudios que muestran que un mayor acceso a la anticoncepción oral y a la anticoncepción “de emergencia”, de hecho, no reduce el  número de embarazos no intencionados ni del aborto. Esos estudios fueron realizados por especialistas de la talla de Peter Arcidiacono, de la Universidad de Duke (en EEUU), y por Chelsea Polis, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y han sido publicados en revistas científicas, incluyendo Journal of Health Economics, Obstetrics and Gynecology y Journal of the American Medical Association.

 

Una inspección de este tipo revela que las conclusiones están muy lejos de ser unánimes en cuanto al efecto de los anticonceptivos en las tasas de embarazos no intencionados y de abortos. Sin embargo, el informe del IOM no refleja esta incertidumbre ni tampoco el peso de la evidencia que sugiere que el acceso a la anticoncepción oral tiene muy poco efecto en la población. Por otro lado, sin embargo, los datos son homogéneos en cuanto a indicar unas conclusiones diametralmente contrarias a las que arrojó el “estudio” del comité del IOM en cuanto al uso de la “anticoncepción de emergencia” (AI). Los estudios revelan que si bien hay muchas “opiniones profesionales y editoriales” de que la AI debe estar fácilmente disponible, y “proyecciones profesionales” de que ésta podría reducir el número de embarazos no intencionados, no he podido encontrar ni un solo estudio de grupos realmente profesionales que indique que de hecho es eficaz en reducir dicho número ni tampoco el de los abortos.

 

Todo ello parece demostrar la veracidad de la aseveración del Dr. Lo Sasso acerca de la falta de transparencia en la metodología del informe, y que los datos “filtrados a través de unos lentes ideológicamente empañados” permitieron que “el comité arrojara las conclusiones que quiso”. Esa investigación selectiva no es digna de un autor de políticas públicas ni de un representante de una nación.

 

La Recomendación 5.5 del informe que el comité le entregó al HHS dice: “Las mujeres tendrán acceso a todos los métodos anticonceptivos que han sido aprobados por la Agencia para los Alimentos y los Fármacos [FDA, por sus siglas en inglés]”. Esta es la única recomendación acerca de “servicios preventivos” en el informe que tiene que ver con el suministro de fármacos y cirugías. Uno esperaría que surgiesen un montón de otras consideraciones en torno a la misma: especialmente las preocupaciones acerca de los riesgos para la salud vinculados a esos fármacos y cirugías. Sin embargo, en el informe se le presta muy poca atención a ello. Solamente lo hace en un párrafo de un total de 210 páginas de que consta el mismo. Y lo hace para desestimar la tasa más elevada de mujeres que fuman y usan la anticoncepción oral, a pesar del hecho de que una de cada cinco mujeres estadounidenses tiene este riesgo. En vez de ello, el informe dice que “en general se considera que los efectos colaterales son mínimos”. Esa declaración tan generalizada exige basarse en un argumento detallado y en fuentes autorizadas. En vez de ello, en ese punto, la escasa investigación se convierte en algo poco convincente. La evidencia que apoya esta aseveración del informe consiste solamente de tres “folletos educativos” del Colegio de Obstetras y Ginecólogos de EEUU (ACOG, por sus siglas en inglés) y de otro estudio.

 

Esta manera tan poco profesional de documentar un “estudio” debería alarmar al observador atento a ambos lados del debate en torno a los anticonceptivos. Al público se le aseguró repetidas veces que el informe fue una “revisión exhaustiva de la evidencia científica”. Sin embargo, uno de los puntos capitales del argumento del comité – y uno que directamente impacta la salud de millones de mujeres estadounidenses – se sustenta en folletos educativos. Llama la atención que los folletos mismos declaran que “la lectura promedio de la serie… está al nivel del 6to al 8vo grados”. Estos folletos de promoción no citan ni un solo estudio. El informe también enfatiza mucho un estudio en curso que no ha sido publicado y respecto del cual el comité tiene la esperanza de que muestre que los anticonceptivos orales puedan ser una prevención primaria para el cáncer de los ovarios. El uso selectivo de hallazgos potencialmente acordes que presuntamente se encuentran en estudios en curso es un claro signo de una parcialidad subjetiva.

 

Continuará.

Fuente: Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, http://www.thepublicdiscourse.com; http://www.thepublicdiscourse.com/2011/09/4031?printerfriendly=true, 28 de septiembre, 2011.

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