Debemos luchar contra la ideología de género
Padre Shenan J. Boquet
Presidente de Vida Humana Internacional
- 02-27-26
Publicado originalmente en inglés el 23 de febrero del 2026 en: https://www.hli.org/2026/02/pushing-back-against-the-extremism-of-the-gender-idealogues/.
Vida Humana Internacional agradece a José A. Zunino la traducción de este artículo.
A la cárcel por decir la verdad biológica
Isadora Borges es una estudiante de veterinaria de 34 años de Paraíba, Brasil. No es política, cabildera ni líder de ningún movimiento de protesta.
Es simplemente una joven que, en noviembre de 2020, publicó dos comentarios en X afirmando lo que la gran mayoría de los seres humanos siempre ha entendido: que una persona nacida varón es varón, y que ninguna cirugía, hormona ni cambio de ropa altera ese hecho biológico.
Por esto, Isadora enfrenta hasta diez años de prisión en Brasil.
Sus comentarios llamaron la atención de Erika Hilton, una política autodenominada “transgénero”, quien denunció a Isadora ante la policía federal por “transfobia”. En septiembre de 2025, Isadora fue acusada formalmente de dos cargos de transfobia, cada uno con una pena de dos a cinco años.
El 10 de febrero, compareció ante un tribunal federal. Al momento de escribir este artículo, el tribunal no ha emitido un fallo definitivo, aunque la jueza indicó que sus comentarios parecían reflejar opiniones personales y no una intención discriminatoria, y ha dado tiempo a la defensa para presentar sus conclusiones por escrito.
Sin embargo, independientemente de la decisión final del tribunal en el caso de Isadora, su calvario es una señal de los tiempos y una dura advertencia sobre adónde conduce inevitablemente la ideología de género cuando se apropia del poder coercitivo del Estado.
La criminalización de la realidad biológica
Consideren lo que dijo Isadora. En una publicación, afirmó que las mujeres “transgénero” “obviamente nacieron varones”. En otra, escribió que una persona que se identifica como transgénero “conserva su ADN de nacimiento” y que “ninguna cirugía, hormona sintética o cambio de ropa cambiará este hecho”. Estas no son afirmaciones incendiarias. Son declaraciones de hechos biológicos elementales.
Sin embargo, en virtud de una sentencia de 2019 del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que amplió la definición legal de “racismo” para incluir la “transfobia”, estas declaraciones ahora se consideran actos criminales. El resultado es que los ciudadanos brasileños se enfrentan cada vez más a investigaciones y procesos judiciales simplemente por afirmar algo completamente cierto.
Como escribí en una columna anterior sobre el caso de Isabella Cêpa, otra brasileña que se enfrentó a 25 años de prisión por “confundir” a un político, Brasil se ha convertido en un “campo de pruebas” para que las fuerzas progresistas experimenten con estrategias legales que luego puedan exportarse a nivel mundial. Isabella se vio obligada a huir de Brasil y recibió asilo en Europa, siendo la primera persona en recibir el estatus de refugiada por haber sido perseguida por el Estado por hablar en contra de la ideología de género.
Tanto Isabella como Isadora fueron llevadas ante la justicia tras una denuncia presentada por la misma política transgénero, Erika Hilton. Es tan absurdo que una política excesivamente agraviada y llena de odio puede convertir la vida de jóvenes en un infierno por decir la verdad biológica.
El caso de Isabella fue archivado recientemente por la Corte Suprema, lo que significa que, por el momento, está a salvo de nuevos procesos judiciales. Sin embargo, la ley subyacente se mantiene vigente y el clima de represión continúa intensificándose.
El caso de Isadora es solo el último de este patrón en Brasil. Nine Borges (sin parentesco) está siendo investigado por un video de Instagram que plantea inquietudes sobre organizaciones pro-LGBTQ. El pastor Douglas Baptista, de las Asambleas de Dios, fue acusado de escribir un libro con una visión cristiana de la sexualidad. Cinco legisladores brasileños están impugnando las violaciones de su derecho a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Una idea perversa de la libertad”
La dimensión más inquietante del caso de Isadora es lo que revela sobre la lógica interna de la ideología de género cuando se arma con el poder estatal.
El movimiento que se presenta bajo la bandera de la “libertad” y la “inclusión” se ha convertido en una de las amenazas más potentes a las libertades fundamentales en el mundo moderno.
El papa San Juan Pablo II diagnosticó esta dinámica en su Encíclica Evangelium vitae. Al escribir sobre la “cultura de la muerte”, identificó en su raíz una “idea perversa de la libertad”: una libertad desvinculada de la verdad y orientada únicamente hacia la voluntad autónoma del individuo:
La libertad se niega y se destruye a sí misma, y se convierte en un factor que conduce a la destrucción de otros, cuando ya no reconoce ni respeta su vínculo esencial con la verdad.
Cuando la libertad, en su afán de emanciparse de toda forma de tradición y autoridad, excluye incluso la evidencia más evidente de una verdad objetiva y universal, que es el fundamento de la vida personal y social, la persona termina por no tomar como único e indiscutible punto de referencia para sus propias decisiones la verdad sobre el bien y el mal, sino únicamente su opinión subjetiva y cambiante o, incluso, su interés y capricho egoístas (Evangelium Vitae, Nro. 19).
Esta es precisamente la trayectoria que estamos presenciando. La ideología de género exige que los sentimientos subjetivos del individuo prevalezcan sobre la verdad objetiva del cuerpo. El resultado no es libertad, ni para la persona con confusión de género ni para nadie más.
Mientras tanto, al norte de la frontera de EEUU…
En todo el mundo, los activistas transgénero exigen cada vez con más vehemencia que otros afirmen lo que saben que es falso, so pena de sanciones penales.
Si Brasil ilustra lo que sucede cuando la ideología de género se apodera del derecho penal, Canadá demuestra lo que sucede cuando se apodera del aparato cuasijudicial de los tribunales de derechos humanos. Y los resultados no son menos escalofriantes.
El 18 de febrero de 2026, el Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica ordenó a Barry Neufeld, exconsejero escolar de Chilliwack, pagar 750,000 dólares por las declaraciones que hizo en contra de un currículo provincial de Orientación Sexual e Identidad de Género durante su mandato en la junta escolar. El tribunal concluyó que 24 de sus declaraciones públicas fueron discriminatorias y seis constituyeron “discurso de odio”.
Su principal delito, como lo deja claro el fallo de 143 páginas, fue doble: argumentó que “separar la identidad de género del sexo biológico asignado es una ficción y una ‘ideología’ a la que hay que oponerse”, y expresó la opinión de que enseñar a los niños la ideología de género “les perjudica”. El tribunal calificó estas posturas como “negación de las identidades trans” y “borrar a las personas trans”.
La exorbitante sanción económica se distribuirá entre el profesorado LGBTQ+ del distrito de Chilliwack. El tribunal también ordenó a Neufeld que dejara de hacer declaraciones similares en el futuro.
La misma semana, el Tribunal de Derechos Humanos de Quebec ordenó a una peluquería del área de Montreal llamada Station10 pagar 500 dólares a un activista “no binario” que objetó que el sistema de reservas en línea de la peluquería obligaba a los clientes a elegir entre un corte de pelo para hombre o para mujer. El demandante, Alexe Frédéric Migneault, es un recurrente denunciante de derechos humanos que en una ocasión realizó una huelga de hambre exigiendo la inclusión de la opción no binaria en las tarjetas de seguro médico de Quebec. Alegó que encontrar una distinción entre hombre y mujer en un sitio web le provocó una crisis nerviosa que le obligó a faltar al trabajo.
Nota del Editor: La frase “no binario” significa la aberrante negación de la existencia de solo dos sexos: el masculino y el femenino.
El tribunal inicialmente solicitó 12,500 dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, finalmente otorgó 500 dólares, al tiempo que declaró culpable al salón por la grave infracción de organizar sus servicios en función de la realidad biológica de su clientela.
Estos no son incidentes aislados. El sistema canadiense de derechos humanos ha generado un número creciente de decisiones similares. El año pasado, un ciudadano de Columbia Británica recibió una multa de 10,000 dólares por expresar en privado su preocupación a una amiga sobre una futura mastectomía doble destinada a reafirmar su identidad trans. En enero, el tribunal de Columbia Británica falló a favor de una denunciante que alegó discriminación porque una colega usó los pronombres “ella” en lugar de “ellos”.
La proliferación de estos casos es consecuencia directa y previsible de la decisión de Canadá, iniciada en 2012 en Ontario y completada a nivel federal en 2016, de consagrar la “identidad de género” y la “expresión de género” como categorías protegidas en los códigos de derechos humanos y el Código Penal.
Grietas en el consenso social
Como señalé la semana pasada, sin embargo, hay motivos para una esperanza cautelosa. Aun cuando países como Brasil y Canadá redoblan sus esfuerzos por criminalizar la disidencia, el mundo científico y médico en otros lugares comienza a reconocer lo que los críticos han dicho durante años: que las afirmaciones más radicales de la teoría de género no están respaldadas por la evidencia, y que la prisa por “afirmar” a menores que sufren de confusión de identidad sexual ha causado un daño enorme.
A finales de enero, Fox Varian, de 22 años, ganó una demanda histórica por negligencia médica de 2 millones de dólares contra los médicos neoyorquinos que le realizaron una mastectomía doble cuando tenía tan solo 16 años. El tribunal declaró responsables tanto al cirujano como al psicólogo por abandonar los estándares de atención médica. Varian es la primera persona que ha “destransicionado” en ganar un caso de este tipo, con 28 demandas similares pendientes en todo Estados Unidos.
Días después, la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos publicó una nueva guía que advierte contra las cirugías de “transición” de género en menores. La Asociación Médica Estadounidense no tardó en seguir la iniciativa, declarando por primera vez que dichos procedimientos deberían posponerse, en general, hasta la edad adulta, lo que supone un cambio radical respecto a su anterior y apasionada defensa de la “atención de afirmación de género” como un derecho humano esencial.
Estos avances se producen tras la Revisión Cass del Reino Unido, que condujo a la prohibición de las cirugías del mal llamado “cambio de sexo” en menores. La situación está empezando a cambiar, aunque algunas jurisdicciones, en particular Canadá y Brasil, siguen resistiéndose a reconocer por completo la existencia del debate social sobre este tema.
Vale la pena reflexionar sobre la ironía: Isadora Borges está siendo procesada por decir, en 2020, esencialmente lo que estas importantes organizaciones médicas ahora admiten en 2026. El “delito” por el que podría pasar una década en prisión es la afirmación de realidades biológicas que el sistema médico ahora se ve obligado a reafirmar.
La libertad, la verdad y el testimonio de la conciencia
Como católicos, entendemos que la auténtica libertad nunca es la libertad de la verdad, sino la libertad en la verdad. Como escribió el Papa San Juan Pablo II en Evangelium Vitae: “Cuando se pierde el sentido de Dios, se tiende también a perder el sentido del hombre” (Evangelium Vitae, Nro. 21).
La ideología de género que ahora criminaliza la libertad de expresión en Brasil e impone multas ruinosas en Canadá es, en su nivel más profundo, un síntoma de esta pérdida. Cuando una sociedad ya no puede ver el diseño del Creador inscrito en el cuerpo humano, ha perdido no solo el sentido de Dios, sino también el sentido del hombre.
Como ha advertido la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos: “Un gobierno que obliga a un grupo a elegir la obediencia al estado por encima de la obediencia a la fe y la conciencia puede obligar a cualquier grupo a someterse a las exigencias del estado. La libertad religiosa protege a todos”.
Isadora Borges puede no ser católica. Barry Neufeld puede no serlo tampoco. Pero ambos defienden el derecho a decir la verdad sobre la persona humana sin temor al castigo penal ni a la ruina económica. Y esto es fundamental en la doctrina social católica. Sin libertad de conciencia y libertad de expresión, ningún otro derecho está garantizado.
Un llamado a ser valientes
No debemos hacernos ilusiones sobre la gravedad de lo que está en juego. El procesamiento de una joven por afirmar datos biológicos elementales no es un episodio menor en la política interna brasileña. La ruina financiera de un administrador escolar por oponerse a la ideología de género en las escuelas canadienses no es una curiosidad local. Estos son indicadores de un mal social endémico. Si el Estado puede encarcelar a sus ciudadanos por afirmar que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, o arruinarlos por cuestionar si a los niños se les debe enseñar lo contrario, no hay límite a lo que puede obligarlos a decir o a creer.
El Papa San Juan Pablo II concluyó Evangelium Vitae con un llamado a “una movilización general de las conciencias y un esfuerzo ético común para establecer una gran estrategia a favor de la vida” (Evangelium Vitae, Nro. 95). Esa movilización es necesaria ahora más que nunca, no solo en defensa de los no nacidos y los ancianos, sino en defensa de la capacidad misma de decir la verdad sobre la persona humana en la esfera pública.
Oremos por Isadora Borges y Barry Neufeld, para que la justicia prevalezca en sus casos y que su valentía inspire a otros. Y tomemos la decisión, cada uno de nosotros, de seguir proclamando la verdad sobre la dignidad de la persona humana, creada hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios, cueste lo que cueste.
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