Continuamos y concluimos el artículo de Arnald K. Nichols, ex director de HLI America (HLI EEUU) sobre este tema.
El comité que sometió el “estudio científico” al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de EEUU (HHS, por sus siglas en inglés), para justificar su norma de obligar a las aseguradoras de salud a incluir gratuitamente la cobertura de anticonceptivos (incluyendo los que son abortivos), la esterilización y ciertos fármacos abortivos, debió haber examinado más estudios rigurosos que han sido revisados por colegas de este campo científico dedicado al análisis de los potenciales efectos colaterales negativos de la anticoncepción química. Este tipo de estudios, que han sido publicados en las revistas de medicina más prestigiosas, indican que los riesgos de cáncer de mama son significativamente más elevados en las usuarias de anticonceptivos orales, especialmente en aquellas mujeres que comienzan a usarlos antes de su primer embarazo a término (es decir, que concluye con el nacimiento del bebé), las que tienen un historial familiar de cáncer de mama y las que fuman. El riesgo de accidente cerebrovascular es también mucho más elevado en las usuarias de anticonceptivos orales. Al respecto hay estudios que arrojan una tasa de 1.5 a 4 veces de mayor riesgo. Los hallazgos en relación con esto último han sido publicados en revistas como el Journal of American Medical Association y el Journal of the American Heart Association (que se dedica al corazón). Los coágulos sanguíneos también constituyen un riesgo significativo para las usuarias de anticonceptivos orales, como lo indica con toda claridad el Physician’s Desk Reference (el manual de consulta para los médicos en EEUU): “El aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica y trombótica asociado al uso de anticonceptivos orales está bien establecido”.
A comienzos de este año, la agencia del gobierno de EEUU que se dedica a la supervisión y la regulación de la comercialización de alimentos y fármacos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció una revisión de la seguridad de los anticonceptivos orales de mayor venta en el mercado (Yaz, Yasmin y Beyaz) para responder a estudios recientes que mostraban que el uso de estos fármacos comportan un riesgo de dos a tres veces mayor de coágulos arteriales en comparación con el ya elevado riesgo vinculado a otros tipos de anticonceptivos orales. Finalmente, los estudios demostraron que las usuarias de anticonceptivos orales tienen un mayor riesgo de sufrir ataques cardiacos que las que no los usan, y que sus arterias desarrollan placas con más rapidez. Si una mujer tiene otros factores de riesgo, su propensión aumenta drásticamente.
Nuestros funcionarios públicos nos han fallado en la selección de un comité de composición política uniforme para asesorar a Kathleen Sebelius y al HHS, del cual ella es la Secretaria; en la falta de integridad con la cual llevó a cabo su investigación; y en la forma tan imprudente en que ha arriesgado la salud de millones de mujeres estadounidenses. El Consejo de Investigación de la Familia (una organización a favor de la familia en EEUU), resumió muy bien la situación: “Esta decisión desestima completamente la opinión, la investigación y la ciencia que no apoyan una ideología proaborto”. Muchas personas y organizaciones han planteado preocupaciones similares, pero sus palabras han caído en oídos sordos. Sin embargo, hay evidencia convincente de que la Recomendación 5.5 [la que recomendó la cobertura de anticonceptivos, etc.] ya había sido decidida por motivos ideológicos en vez de estándares objetivos científicos y médicos o en base a las verdaderas necesidades de salud de las mujeres.
Quizás no deba sorprendernos que la maniobra política y la ideología sean obstáculos al presunto objetivo del HHS de garantizar la salud del pueblo estadounidense. No esperamos que la manera de forjar las políticas públicas en nuestra democracia sea completamente desinteresada. Lo que sí nos sorprende, sin embargo, es la osadía con la que el comité eludió la práctica profesional de la investigación con el objeto de arrojar conclusiones que ya sostenía desde un comienzo. Los funcionarios del HHS son nombrados para realizar una investigación que la ciudadanía en general no tiene el tiempo ni la pericia de acometer. Pero no son nombrados para engañar y desinformar. Debemos ser capaces de poder confiar plenamente en la integridad de aquellos en quienes delegamos estas tareas tan importantes. Al tergiversar los datos relevantes, el comité y la Secretaria Sebelius han traicionado la confianza que en ellos ha depositado el pueblo de EEUU y han arriesgado potencialmente la salud de millones de mujeres.
Fuente: Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, http://www.thepublicdiscourse.com; http://www.thepublicdiscourse.com/2011/09/4031?printerfriendly=true, 28 de septiembre, 2011.
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