La eutanasia en Canadá: Matar en vez de tener verdadera compasión (I)
Padre Shenan J. Boquet – presidente de Vida Humana Internacional.
Publicado originalmente en inglés el 28 de abril del 2026 en: https://www.hli.org/2026/04/canadas-euthanasia-regime-efficiency-and-death-vs-true-compassion-and-dignity/
Vida Humana Internacional agradece a José A. Zunino la traducción de este artículo.
Nota del Editor a los lectores hispanos: Aunque este artículo se limita a la eutanasia en Canadá, no por ello deja de ser relevante para nuestra Región. El desastre que está ocurriendo respecto de este crimen en ese país norteamericano, puede repetirse en América Latina, sobre todo en los países donde ya ha sido legalizado. Me refiero a la expansión tan aterradora de la eutanasia y el suicidio asistido que ha estado ocurriendo en el país canadiense desde su legalización en 2016. No olvidemos el reciente caso de Noelia en España, país hispano en el cual la eutanasia ha sido aprobada hace pocos años. El caso canadiense debe ser una llamada a despertar para todos los que amamos la vida, porque “aunque ésta sea débil y enferma es siempre un don espléndido del Dios de la bondad” (San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, no. 30).
“La eutanasia es una falsa solución al drama del sufrimiento, una solución indigna del hombre. La verdadera respuesta no puede ser, en realidad, dar la muerte, por muy ‘suave’ que parezca, sino dar testimonio del amor que nos ayuda a afrontar el dolor y la agonía con humanidad”. Papa Benedicto XVI, Discurso del Ángelus, 1 de febrero de 2009.
El 24 de marzo de este año de 2026, Jocelyn Downie, destacada activista a favor del suicidio asistido y la eutanasia, y profesora emérita de la Universidad de Dalhousie, compareció ante el Comité Conjunto Especial de Canadá sobre el programa denominado Asistencia Médica para Morir (MAiD, por sus siglas en inglés).
Allí, instó a los legisladores a seguir adelante con la expansión prevista para 2027 de este programa MAiD a personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental. Si el gobierno canadiense no legaliza la eutanasia para las personas con enfermedades mentales, afirmó, estas se suicidarán de todos modos. “Lo que sucederá, si hay una extensión o una exclusión”, declaró ante el comité, “es que la gente morirá por suicidio”.
Sí. Ese es, en esencia, su argumento: si no ayudamos a las personas con enfermedades mentales a suicidarse, entonces, se suicidarán. Como observó con ironía Wesley J. Smith en la revista National Review: “Oigan, aquí va una idea absurda: ¿Qué tal si intentamos prevenir estas muertes en lugar de facilitarlas? Una locura, ¿verdad?”.
Como ya he escrito anteriormente sobre el régimen de eutanasia canadiense, lo que estamos presenciando es el colapso de la distinción más básica de la ética médica: la distinción entre cuidar a un paciente y matarlo. Y una vez que se erradica esa distinción, parece no haber límites para las depravaciones que se justificarán en nombre de la “compasión”.
Tres casos recientes de Canadá muestran hasta dónde ha llegado este colapso y, por extensión, hasta dónde llegará en otras naciones que adopten el suicidio asistido.
La red cada vez más amplia de Canadá
Cuando Canadá legalizó la mal llamada “asistencia médica para morir” en 2016, sus defensores prometieron a los canadienses que la ley se aplicaría solo a los casos más extremos. Se aplicaría a adultos con una enfermedad terminal que padecieran un sufrimiento insoportable, y solo con su consentimiento explícito y reiterado. Y para mitigar la preocupación por posibles abusos, se les aseguró a los canadienses que se emplearían “estrictas medidas de seguridad”.
Hasta aquí llegó la promesa.
En 2021, el proyecto de ley C-7 creó la denominada “Vía 2”, es decir, el suicidio asistido y la eutanasia para personas cuya muerte no es razonablemente previsible. Los adultos con discapacidades graves, pero no terminales o enfermedades crónicas pudieron optar por la muerte mediante inyección letal. El único problema, por supuesto, es que la definición de “grave” quedó ambigua y en manos de los médicos responsables de aprobar la eutanasia, muchos de los cuales parecen tener una interpretación sorprendentemente amplia de lo que significa la palabra “grave”.
El mismo proyecto de ley contemplaba una prórroga para quienes padecen únicamente una enfermedad mental. Inicialmente, esta prórroga estaba prevista para 2023, luego para 2024 y ahora para 2027. Es esta prórroga, prevista para marzo de 2027, la que la Sra. Downie defendía en el Parlamento.
La magnitud de lo ocurrido es asombrosa.
Según el Sexto Informe Anual de Salud Canadá sobre la Asistencia Médica para Morir, publicado en noviembre de 2025, 16,499 canadienses fueron asesinados por un profesional sanitario bajo el régimen de la asistencia médica para morir solo en 2024. Esto eleva el total acumulado, desde su legalización hace menos de una década, a 76,475 muertes en un país de 41 millones de habitantes.
La asistencia médica para morir representa actualmente el 5.1% de todas las muertes en Canadá. En Quebec, la tasa es aún mayor.
Todas y cada una de las predicciones de los opositores provida a la ley se han confirmado, e incluso se han superado.
Cuando el “sufrimiento” es en realidad la soledad
La reciente publicación del Sexto Informe Anual sobre la Asistencia Médica para Morir en Canadá pone de manifiesto la cruda realidad que subyace a muchas de estas muertes supuestamente “dignas”.
Entre los beneficiarios de la MAiD de segunda categoría en 2024 se encuentran aquellos cuya muerte no era razonablemente previsible. El 44.7% citó el “aislamiento o la soledad” como causa de su sufrimiento. El 50.3% mencionó la “carga percibida para la familia, los amigos o los cuidadores”. El 73.9% citó la “pérdida de la dignidad”. Y el 78.7% mencionó la “pérdida de la independencia”.
Estas no son las quejas de personas a pocos días de la muerte. Son las quejas de personas a quienes se les ha dicho, de innumerables maneras, que no hay lugar para ellas en sus familias, sus comunidades, sus lugares de trabajo o en el mundo.
En otras palabras, el Estado canadiense está respondiendo a la epidemia de soledad y a la autopercepción de carga para la familia con una inyección letal. Se trata de responder al clamor de “Siento que ya nadie me necesita ni me quiere” con la réplica: “Tienes razón. Podemos ayudarte con eso”.
Y ahora los activistas insisten en que la misma “ayuda” debe extenderse a quienes sufren exclusivamente problemas de salud mental: depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, etc. Enfermedades que, en la gran mayoría de los casos, son tratables. Enfermedades de las que la gente se recupera.
La mayoría quiere obligar a su médico a practicar la eutanasia
El 9 de abril de 2026, Research Co. publicó una encuesta que muestra que solo el 41% de los canadienses cree que los profesionales de la salud deberían tener derecho a negarse a brindar los mal llamados “servicios” de eutanasia cuando tengan objeciones morales o religiosas. El 42% opina que no. El 17% no está seguro.
En otras palabras, una clara mayoría de canadienses cree que un enfermero o médico que considere incorrecto matar a su paciente debería, no obstante, estar legalmente obligado, directamente o mediante una derivación efectiva, a participar en su muerte.
Las cifras son aún más contundentes en otros temas relacionados con la vida. Solo el 38% de los canadienses apoya el derecho a la objeción de conciencia para los médicos que se oponen a participar en abortos. Una mayoría del 57% afirma que no se debería permitir a los médicos negar atención por motivos religiosos a pacientes LGBTQ+, un planteamiento que, en el contexto médico actual, probablemente implica la participación en procedimientos como las cirugías mutiladoras (castraciones y mastectomías dobles) del mal llamado “cambio de sexo”.
Esto es en lo que se ha convertido un país que alguna vez estuvo profundamente marcado por la convicción de que la conciencia es sagrada. La postura de la mayoría canadiense, si se consagra plenamente en la ley (y en algunas provincias ya lo está de facto), dejaría a los hospitales católicos, a los médicos católicos y a todo practicante religioso prácticamente sin posibilidades de empleo en el sector de la salud.
Como escribí el mes pasado sobre el caso del Hospital Comunitario de las Hermanas Grises en Edmonton, Canadá, esta no es una situación hipotética. La cadena pública ya está presentando a los hospitales católicos como obstáculos para la atención falsamente “compasiva”. En la Columbia Británica se están llevando a cabo demandas para obligar a las instituciones religiosas a permitir la eutanasia en sus instalaciones. Y las personas que se pronuncian sobre temas como la ideología de género están siendo llevadas ante los llamados “Tribunales de Derechos Humanos” y obligadas a pagar multas exorbitantes.
Continuará.
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