Nuevas victorias para la libertad de conciencia y los derechos paternos (I)
Padre Shenan J. Boquet
Presidente de Vida Humana Internacional.
Publicado originalmente en inglés el 8 de junio del 2026 en: https://www.hli.org/2026/06/new-victories-for-freedom-of-conscience-and-parental-rights/
Vida Humana Internacional agradece a José A. Zunino la traducción de este artículo
“El ciudadano está obligado en conciencia a no acatar las directrices de las autoridades civiles cuando estas sean contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio”.
Catecismo de la Iglesia Católica, Nro. 2242.
Durante los últimos años, por culpa del gobierno de Biden, una enfermera católica en Estados Unidos que se negó a asistir en un aborto no podía contar con que el gobierno federal defendiera su conciencia. Tampoco la farmacéutica que se negó a dispensar fármacos para acabar con una vida, ni el cirujano que se negó a realizar una esterilización.
Afortunadamente, el 18 de mayo de 2026 esto comenzó a cambiar.
Hace dos semanas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció la reactivación, dentro de su Oficina de Derechos Civiles, de la División de Conciencia y Libertad Religiosa (CRFD, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos ha reactivado su División de Conciencia y Libertad Religiosa, disuelta por Biden en 2023, para proteger a médicos y enfermeras que se oponen al aborto y a los procedimientos de reasignación de género.
Biden obligó a una enfermera a asistir en un aborto y ordenó a un hospital católico que apagara una vela de la capilla o perdería la financiación de Medicare.
“Hay una gran cantidad de víctimas que, una vez más, tienen a dónde acudir”, dijo Roger Severino, de @Heritage.
La función de esta oficina es hacer cumplir las leyes federales que protegen a médicos, enfermeros y demás personal sanitario de ser obligados a participar en procedimientos que consideran gravemente incorrectos, como el aborto, la esterilización, la fecundación in vitro, el suicidio asistido y las cirugías de mutilación genital femenina.
La división CRFD se creó en 2018, durante el primer mandato del presidente Trump. Sin embargo, en 2023, la administración Biden la disolvió discretamente, integrando su labor en una oficina más grande, donde quedó prácticamente inactiva. Ahora se ha restablecido con su propia dirección y su propio mandato.
“Esta reorganización restablece una estructura que prioriza, con razón, los derechos civiles, la libertad de conciencia y religiosa, junto con la privacidad y la seguridad de la información sanitaria”, declaró Paula M. Stannard, directora de la Oficina de Derechos Civiles del HHS.
La ley PROTECT Kids y los derechos de los padres
La decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de priorizar la protección de la libertad de conciencia se produjo apenas dos días antes de otra importante victoria para la libertad de conciencia, así como para los derechos de los padres.
El 20 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 217 votos a favor y 198 en contra, la Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos, conocida comúnmente como la Ley PROTECT Kids.
El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, exigiría a las escuelas primarias y secundarias públicas que reciben fondos federales obtener el consentimiento de los padres antes de modificar los marcadores de género, pronombres o nombre de un niño en cualquier formulario escolar.
Asimismo, no podrían modificar las adaptaciones basadas en el sexo, como el uso de vestuarios y baños. Cabe destacar que ocho demócratas se unieron a la mayoría republicana.
Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos
Si bien me alegra ver que el proyecto de ley avanza de esta manera, no puedo evitar sentir indignación por el hecho de que se requiera una legislación de este tipo y por el hecho de que tantos legisladores votaran en contra de una ley tan sensata.
Consideren lo que esto significa: Significa que, en algunas escuelas hoy en día, un niño puede ser socialmente “transicionado” a una nueva identidad sexual, ser tratado con un nuevo nombre y nuevos pronombres, y tener acceso a las instalaciones del sexo opuesto, todo sin que sus padres lo sepan. Imagínese ser un padre o una madre que descubre que las mismas personas a quienes confía a su hijo durante seis o siete horas al día le han estado ocultando un secreto, justificándolo en nombre del “cuidado”. Es indignante.
La Iglesia siempre ha enseñado que los derechos de los padres no son un don del Estado y, por lo tanto, este no puede revocarlos. Como escribió el Papa San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, los padres “deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos”. Este derecho, continuó, es “irremplazable e inalienable, incapaz de ser delegado por completo a otros o usurpado por otros” (Nro. 36).
Nuestros obispos se han hecho eco de esta misma enseñanza, insistiendo en que la sociedad debe “respetar los derechos y responsabilidades de los padres para cuidar a sus hijos, incluyendo el derecho a elegir su educación” (Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel, Nro. 46). Y el Papa Benedicto XVI, en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2011, llamó a la familia “la primera escuela” de la libertad e insistió en que los padres “deben ser siempre libres para transmitir a sus hijos, de manera responsable y sin restricciones, su herencia de fe, valores y cultura” (Nro. 4).
Una escuela que oculta la mal llamada “transición” de un niño a sus padres ha hecho algo más que guardar un secreto. Ha asumido una responsabilidad que nunca le correspondió al Estado. Y ha pisoteado el derecho a la libertad de conciencia de los padres, quienes, como primeros educadores de sus hijos, tienen derecho a decidir cómo se educan.
Continuará.
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