Susan Yoshihara, Ph.D.

NUEVA YORK, 10 de marzo de 2016 (C-Fam) El debate sobre el aborto dio un giro esta semana, cuando uno de los principales comités de derechos humanos abandonó una táctica diplomática empleada por décadas, consistente en valerse de ambigüedades lingüísticas para promover el [mal llamado] “derecho” al aborto.

El comité que supervisa el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 publicó una “observación general” que sostiene que el “derecho” al aborto forma parte integral de la “salud reproductiva”, término que, debido a su indeterminación, se ha vuelto habitual en el lenguaje de la ONU y en los programas sanitarios de todo el mundo en desarrollo donde el aborto es ilegal.

La observación general dice que las naciones deben revocar las leyes que restringen el aborto y la sodomía, subvencionar el aborto mediante la asistencia médica nacional, derogar las leyes de ayuda exterior que limitan la financiación del aborto (ataque a la Enmienda de Helms de 1973, de los EEUU), exigir la [mal llamada] “educación” sexual para los “servicios” de “salud sexual y reproductiva” [aborto encubierto] sin el consentimiento de los padres, eliminar la protección a la objeción de conciencia, “erradicar las barreras sociales en términos de normas o creencias” sobre la homosexualidad, supervisar y controlar a los proveedores de asistencia médica privada, compañías de seguros, escuelas e instituciones dedicadas al cuidado de niños, y asegurarse de que ninguna empresa de seguros se desentienda del aborto o de los “servicios” de “salud sexual”, lo cual probablemente aluda a las cirugías de reasignación de sexo.

La observación general disipa toda duda en cuanto a que el aborto y los asuntos LGBTI se encuentran asociados, por más que a las naciones les gustaría analizarlos por separado en las negociaciones cotidianas de la ONU. Y constituye una revelación descarada de que el comité tiene la intención de imponer sus alegatos ayudando a los activistas a iniciar acciones judiciales en países-objetivo para modificar leyes nacionales. Afirma de forma general que el tratado impone obligaciones a las naciones fuera de sus fronteras, que deben hacer responsables a las empresas privadas.

El arquitecto de este abordaje, Olivier De Schutter, miembro del comité, se valió de la misma táctica que empleó cuando se desempeñaba como Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. El profesor de la Universidad de Lovaina, que fue formado en Harvard, es uno de los dirigentes de la campaña para procesar a las empresas transnacionales empleando una interpretación amplia de la “responsabilidad directa extranjera” que se aplica a casos limitados como el derecho marítimo.

La observación general también señala lo que los jurisconsultos conservadores  advirtieron que constituye una fusión de hecho del trabajo de los órganos de la ONU creados en virtud de tratados, que amenaza con hacer que las naciones estén sujetas a tratados que nunca ratificaron. Heisoo Shin, miembro del comité, trabajó en el comité de la CEDAW durante ocho años, en el momento en el que intensificó su defensa del aborto. La nueva observación general se basa abundantemente en el trabajo de ese comité, así como en el del comité de los derechos del niño, y menciona como perentorio su rechazo al consentimiento de los padres.

Aunque los comités no tienen facultad para redefinir los tratados con nuevas obligaciones y sus observaciones generales carecen de peso jurídico, los activistas los han usado en una estrategia de litigio que capta a tribunales de izquierda en países tradicionales donde los derechos humanos de la ONU gozan de respeto para citarlos a la vez que revocan leyes que protegen a los niños por nacer. Las élites de Colombia, Argentina y España han empleado esta táctica.

Esta observación general parece señalar un momento decisivo en los debates sobre el aborto en la ONU y en adelante pondrá en una situación difícil a las agrupaciones provida que todavía defienden el término “salud reproductiva” excluyendo el aborto.

El jefe del comité, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid bin Hussein, dijo hace dos semanas a las naciones que legalizaran el aborto como respuesta a la epidemia del virus del Zika, pese a que la Organización Mundial de la Salud estaba en desacuerdo y a que miembros del Congreso de EEUU le increparon por ello. Esta semana, otro de los funcionarios de Zeid publicó un informe que dice que las leyes que protegen a los niños por nacer colocan a las naciones en situación de violación del tratado de la ONU sobre la tortura.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano.

Fuente: https://c-fam.org/friday_fax/derechos-humanos-de-la-onu-se-arroga-el-poder/.