Hoy en día, la sociedad secularista insiste en que la Iglesia y todos los demás cristianos no influyan en la plaza pública ni en los procesos legislativos. El “argumento” consiste en decir que el Estado moderno es laico y, por lo tanto, la religión debe quedar fuera y no imponerse [1].

 

Esta mentalidad está equivocada. La función del Estado es facilitar el bien común. De lo contrario se trataría de un Estado despótico y carente de autoridad legítima y moral. El bien común es el conjunto de condiciones que posibilitan y facilitan a las personas y a las instituciones que ellas libremente establecen lograr su propia realización y objetivos [2]. Ello implica que la Iglesia, tanto el clero como los laicos, tienen el derecho y la responsabilidad de establecer organizaciones que ayudan a la consecución del bien común, v.gr. educativas, benefactoras, de salud, etc. [3] Por supuesto, las personas y grupos de la sociedad tienen ese mismo derecho.

 

Este derecho incluye el derecho a que se respeten las convicciones de fe y los principios morales por los que se rigen estas instituciones de libre iniciativa que conforman la sociedad civil. Ello es parte de la libertad religiosa, la cual no se limita a la libertad de culto. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental (anterior al Estado y a la sociedad) y, por tanto, un derecho civil [4].

 

Esta libertad religiosa no les da derecho a los cristianos a abusar de ella para imponer la práctica de su fe a las personas que ellos sirven en estas instituciones. Cuando decimos que se respeten sus convicciones de fe, nos referimos a que los demás respeten las prácticas y símbolos religiosos de los cristianos y no que tengan que adoptarlos [5]. Cuando decimos que se respeten sus principios morales nos referimos a que los demás respeten principios que en realidad son comunes a todos los seres humanos, ya que pertenecen a la ley natural, v.gr. el respeto a la vida, al matrimonio entre un hombre y una mujer, a la familia basada en el matrimonio, etc. [6]

 

Es evidente que la libre expresión en la plaza pública es esencial a la libertad religiosa. La Iglesia, tanto sus pastores como los laicos, tienen el derecho, al igual que cualquier otro grupo o persona, a contribuir con sus convicciones al diálogo en la sociedad. Ello incluye el exponer las razones por las cuales ciertas leyes son contrarias al bien de las personas y del bien común. “La Iglesia ‘columna y fundamento de la verdad’ (1 Timoteo 3:15), recibió de los apóstoles este mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas” [7].

 

Por supuesto, estos derechos de acción y libre expresión, dentro de los límites ya explicados del bien común, aplican también a cualquier otro grupo religiosos o sin religión que quiera contribuir al bien de la sociedad y a sus leyes.

 

Notas:

[1]. Véase, por ejemplo: “Perú: ‘Mantén tu religión fuera del Parlamento’: El polémico pedido de un congresista,” ACIPRENSA, 30 de abril de 2015, https://www.aciprensa.com/noticias/manten-tu-religion-fuera-del-parlamento-el-polemico-pedido-de-congresista-peruano-29449/.

[2]. Véase Catecismo, no. 1906.

[3]. Véase Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae , sobre la libertad religiosa, nos. 3 y 4, 1965.

[4]. Véase Catecismo, no. 2108.

[5]. Véase Ibíd., nos. 2106-2109.

[6]. Véase Ibíd., nos. 2273 y 2211.

[7]. Véase Ibíd., no. 2032. Véase también la lección 3 del módulo 3.

 

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