Rebecca Oas da un vistazo a la profunda aunque nada sorprendente falsedad del nuevo informe anual del Fondo de Población de la ONU [UNFPA]. El organismo, uno de los más poderosos de las Naciones Unidas, simplemente dice mentiras sobre la condición jurídica de frases como «salud sexual y reproductiva» [aborto encubierto]. Rogamos que los gobiernos sepan que el UNFPA miente sobre estas cosas.

Rebecca Oas, Ph.D

NUEVA YORK, 11 de diciembre de 2015 (C-Fam) Cuando las guerras y los desastres naturales obligan a un número cada vez mayor de personas a abandonar sus hogares, entre los más vulnerables se encuentran las madres con menores y las embarazadas. Por desgracia, la salud materna se resiente más en contextos humanitarios, se queda atrás de otros objetivos mundiales de desarrollo y a menudo los intentos del lobby proabortista de apropiarse de ella la empañan de polémica.

En su informe anual principal, el Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) resalta las necesidades de las mujeres y las niñas en situaciones de emergencia, esbozando un argumento falso de derechos humanos a partir de una combinación de acuerdos negociados y consolidados, pero centrándose en términos que siguen indefinidos y que los gobiernos presentes en la ONU han rechazado una y otra vez.

Según el informe, en una serie de acuerdos internacionales, «[e]l mundo ha reafirmado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas». De hecho, este término (SDSR en su versión abreviada) no ha sido definido formalmente y no ha sido acordado en ningún documento internacional vinculante.  Los países miembros de la ONU lo siguen objetando mucho debido a la posible inclusión de temas como el aborto y la homosexualidad.

El UNFPA es uno de los defensores más enérgicos de los SDSR en la ONU, y con frecuencia -y falsamente- sostiene que cuenta con una amplia aceptación. «Múltiples normas internacionales (normas internacionales mundiales) definen la salud y los derechos sexuales y reproductivos, no el UNFPA», dijo Kate Gilmore, Directora Ejecutiva Adjunta del UNFPA, durante la reunión en la que se hizo público el informe, en Washington D.C.  Prosiguió agradeciendo a los asistentes, quienes en su mayoría tienen sede en EEUU, por apoyar al UNFPA al «transmitir normas internacionales para la salud sexual y reproductiva».

El aborto en situaciones humanitarias es un tema sumamente debatido. En un artículo reciente del periódico Huffington Post se afirmó falsamente que dos resoluciones de la ONU de 2013 pedían que el aborto fuera considerado parte de la “ayuda humanitaria” para las víctimas de violación. Los defensores del aborto siguen presionando al presidente Obama para que reinterprete la Enmienda Helms de 1973, que prohíbe que la ayuda exterior estadounidense financie el aborto en el extranjero. Algunos países europeos han usado la Revisión Periódica Universal de la ONU, por la que los países indagan a otros acerca de su registro de derechos humanos, para sumar más presión, que, hasta el momento, ha sido rechazada.

El nuevo informe del UNFPA no abordó este tema y limitó el tratamiento del aborto al compromiso al que se llegó en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994: que las leyes de aborto deben ser determinadas por cada país, no por la ONU.

Establece que: «la política del UNFPA sobre el aborto está orientada por la [CIPD]: donde el aborto es legal, debe ser seguro. Donde es ilegal, la atención post aborto debe estar disponible para salvar vidas».

Esta caracterización no es completamente fiel al texto de la CIPD, que dice: « En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos», con lo cual reconoce que éstos, sean legales o ilegales, [y además de matar a niños no nacidos] pueden tener consecuencias nocivas o incluso fatales para las mujeres.

Otra área en la que el UNFPA suscita controversia es la provisión de servicios de “educación” sexual y otros relacionados con la sexualidad para menores sin que se notifique a los padres o se solicite su consentimiento. Durante el lanzamiento del informe, Gilmore criticó el hecho de que la información sobre prevalencia de anticoncepción (es decir, el uso que las mujeres o sus parejas sexuales hacen de los anticonceptivos) mide a partir de las edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. Regañando a los presentes por no detectar algo inusual en esto, Gilmore mencionó el inicio de la pubertad: «El punto es que ha bajado, señoras y señores, ¡no es quince, es diez!». atribuyó la culpa de que la ONU no realice estudios sobre el uso de anticonceptivos en niños de 10 a 15 años a la «quimera del control de los padres».

[Nota de VHI: La “educación” sexual de la ONU y otras entidades de la “cultura” de la muerte no es otra cosa que perversión de menores, pues promueve el aborto, la anticoncepción, la promiscuidad y el homosexualismo.]

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano.