El Seguro Popular obligará a las mujeres y adolescentes a usar anticonceptivos, para que no vuelvan a quedar embarazadas y así no tener que cubrirles los gastos de maternidad. Los anticonceptivos deberán ser el DIU o los implantes, que una vez colocados su efecto no depende de la voluntad de la mujer.
Según fuentes del Seguro, desde que éste cubrió de forma gratuita partos naturales y cesáreas, se registró un alza en embarazos de hasta 40 por ciento.
Las autoridades de Salud, sin tener ningún derecho y con estadísticas dudosas, han decidido frenar esta situación, implementando un programa que obliga a las mujeres que acaban de tener un hijo a adoptar un método de “planificación familiar”.
“De no hacerlo, buscaremos la manera de que la mujer se haga responsable del pago del parto”, declaró Rogelio Vázquez Cavazos, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital General.
Además, dijo que “toda embarazada deberá traer firmado un compromiso, en el que autoriza a salir del hospital con un método de anticoncepción, que no deberá ser ni pastillas ni inyecciones, para que ‘funcione’ la ‘planificación familiar’”.
Con esta declaración se da a entender que la intención es asegurar un dispositivo que no requiera la voluntad diaria para ser usado por las mujeres. Uno de ellos podría ser el DIU, que una vez colocado actúa impidiendo la anidación del óvulo fecundado en el cuerpo de la mujer, incluso provocando abortos y embarazos de alto riesgo, como ya se ha demostrado.
“Nos apoyamos en los médicos familiares para que al venir al hospital lleguen con ese compromiso firmado y no se ‘embaracen’ en corto tiempo, ya que muchas en menos de un año vienen con un hijo en brazos y un embarazo avanzado”, comentó Vázquez Cavazos.
Ante estas declaraciones no se da ningún argumento que valide tales acciones que violan la libertad de elección que tienen las parejas para ejercer una paternidad responsable, únicamente se menciona la “ventaja” de reducir los costos que implican los embarazos en el sector salud.
No conforme con esto mencionaron que se “trabajará” con los padres de las menores de edad, para que acepten esta metodología para sus hijas, ya que en muchos de los casos son ellos los que se oponen. Es decir, que pretenden violar la patria potestad de los padres y obligarles a promover en sus hijas, menores de edad los anticonceptivos, poniendo en grave riesgo su salud física y psicológica.
Fuente: Noticias Globales, Año XVIII. Número 1137, 10/15. Gacetilla n° 1252. Buenos Aires, 02 mayo 2015. Web ConParticipación, 27-04-2015.
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