Washington, DC. 19 de agosto de 2016. (C-FAM). La semana pasada, el órgano central de la Organización de los Estados Americanos (OEA) incluyó, a petición de la misión de Uruguay para la OEA, observaciones de la “Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de las personas LGBT(I) de 2016” que tuvo lugar en Montevideo en julio.

En la Conferencia Mundial sobre los [mal llamados] “Derechos” Humanos de las personas LGBT se pactó el nacimiento del grupo “Coalición por la Igualdad de Derechos”, conformado por treinta estados comprometiéndose a promover la agenda de “derechos” LGBT en todo el mundo.

Hay mucha gente que aún no sabe si su país es firmante de la nueva coalición. Además de que esta noticia ha pasado desapercibida en los medios, en ninguno de los estados firmantes se les preguntó a los ciudadanos acerca de su postura sobre la agenda de la coalición, que se encargará de promover y financiar campañas LGBT en distintas partes del mundo.

Entre las recomendaciones, la coalición acordó “amplificar organizaciones lésbicas dentro del movimiento LGBTI y financiar conferencias lésbicas autónomas”. Tomando en consideración que “muchos de los líderes y trabajadores de las organizaciones (LGBT) tienen dificultades económicas”, ellos los “financiarían respectivamente”.

Los tratados internacionales no requieren voto popular. Sin embargo, los gobiernos tienen el deber legal de promover derechos humanos “universalmente reconocidos”; no pueden unilateralmente exportar políticas que creen nuevos.

En la mayoría de los treinta estados firmantes, el reconocimiento de “derechos LGBT” fue un debate público acalorado. La unanimidad, cuando era requerida, era limitada, provocando que los gobiernos la “descubrieran” en la ley o la impusieran por decisión judicial u orden ejecutiva, incluso bajo el riesgo de que fuese revocada por voto mayoritario.

Después del discurso del Embajador de Uruguay, Brasil, EEUU y Canadá hicieron uso de la palabra. Ninguno de los varios países provida y a favor de la familia de América Latina intervinieron, aparentemente por miedo a las represalias de grandes países benefactores de las agencias de la ONU o de empresas multinacionales.

Manifestar inquietudes también hubiese significado oponerse al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien tomó la palabra después de Canadá. Almagro resaltó que la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia es “el primero (y único) documento obligatorio que reconoce y prohíbe la discriminación basada en orientación sexual y por identidad de género”. Ese documento aún no ha sido ratificado por ningún país.

La Conferencia LGBT de 2016 de Montevideo hace eco al “Consenso de Montevideo” de 2013: un documento no-obligatorio que contiene el primer reconocimiento de los “derechos sexuales” y de los “derechos reproductivos” de los jóvenes. Desde su adopción, ha sido usado por defensores del aborto para revocar leyes que protegen a los niños por nacer. Habrá otra reunión en Montevideo en octubre, donde la ciudad será sede de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

La iniciativa de Uruguay es particularmente sorprendente, ya que el 45% de su población se auto-identifica como católica, y el obispo uruguayo ha sido recurrente en criticar los “derechos reproductivos” y la agenda LGBT.

Los defensores provida están esperanzados en que, cuando Luis Almagro se reúna con el Papa Francisco el próximo mes en Roma, pueda persuadirlo de ceder su apoyo a la agenda. Almagro estará en Roma para la primera conferencia de la OEA sobre diálogo interreligioso: “América en Diálogo – Nuestra Casa Común”, un evento organizado en colaboración con el Vaticano.

Fuente: https://c-fam.org/friday_fax/la-oea-manifestandose-como-defensor-de-los-derechos-lgbt/.

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